• Andrés Octavio Cardona

lunes, 30 de julio de 2018

Johnson & Johnson es uno de los casos más recientes en disputas de este tipo. En Colombia, los implantes PIP son uno de los más sonados.

La presentación de demandas colectivas ante faltas en la calidad de los productos de grandes multinacionales y que, incluso han generado impactos negativos en la salud de clientes y consumidores, es uno de los principales recursos que las personas usan para defender sus intereses y obtener reparaciones ante algún perjuicio.

Uno de los casos más recientes es el de Johnson & Johnson, obligado a indemnizar en Estados Unidos a 22 mujeres y sus familias quienes culparon a los productos de talco de la compañía de haberles causado cáncer de ovarios.

La suma que deberá pagar asciende a US$4.690 millones en daños punitivos e indemnizaciones.

Otro de los casos recordados por demandas colectivas es el de Samsung empresa que recibió múltiples demandas en 2016 en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, por la explosión de las baterías en su modelo Galaxy Note 7, situación que le provocó pérdidas por más de US$5.300 millones y el retiro de casi 2,5 millones de teléfonos del mercado.

Los clientes afectados se valieron de las quemaduras sufridas para iniciar las acciones judiciales.

Mario Alejandro Zuleta, abogado experto en litigios de la Universidad Eafit, destacó que el éxito de las demandas colectivas radica en que “pueden presentar una mayor eficiencia judicial, uniformidad de las recuperaciones de los demandantes y la oportunidad de que a todos se les cubran daños y perjuicios al mismo tiempo y en proporción a sus lesiones, principalmente si se realiza contra grandes multinacionales, bajo pruebas verídicas”.

En Colombia y otros países de Latinoamérica, uno de los casos más sonados de este tipo fue la demanda colectiva por la calidad de los implantes mamarios PIP, contra la empresa alemana de control y certificación TÜV Rheinland. Por este suceso globalmente se han presentado cerca de 20.000 demandas, ya que se descubrió en 2010 que las prótesis fabricadas estaban producidas con silicona de uso industrial no médico y sin homologar, irregularidad que fue descubierta por una agencia de sanidad francesa.

Poco a poco se empezaron a descubrir casos en los que la ruptura o explosión interna de los implantes provocó afectaciones en la salud de las mujeres e, incluso, hubo casos que terminaron con la muerte de las pacientes.

Nathalie Lozano, socia fundadora de Lozano Blanco & Asociados, firma que ha logrado la representación de más de 7.500 mujeres en los tribunales franceses obteniendo compensaciones iniciales por US$3.200 cada una, explicó que este suceso sentó precedente pues “en Colombia se estima que habría cerca de 15.000 afectadas, muchas de las cuales han padecido graves consecuencias en su salud y complejas de tratar a nivel médico. Se iniciaron los procesos legales contra la empresa alemana y el fabricante francés PIP que finalmente entró en quiebra y liquidó”.

Se estima que 75% del mercado de implantes de esta empresa se distribuyó en Latinoamérica, incluyendo países como Venezuela y Argentina, entre otros.

“En 2013, se obtuvo un paso muy importante en el proceso pues más de 1.500 colombianas se vieron beneficiadas con el fallo del tribunal de Toulon que ordenó los pagos iniciales. Ahora continúan los caminos legales en busca de una mayor indemnización, que es trascendental para víctimas en países alejados pues se demostró que se puede demandar y ganar a grandes empresas ante productos defectuosos, algo que es ahora una posibilidad real”, agregó Lozano.

Otros casos recientes como el de Facebook con la filtración de datos a través de Cambridge Analytica, así como las constantes demandas que reciben empresas del sector de alimentos y bebidas como McDonald’s, Coca-Cola o KFC y las tabacaleras, entre otras, generan reacciones de diferentes partes del mundo “por el impacto de las redes sociales que hacen que otros usuarios o consumidores viralicen sus situaciones y tomen posiciones legales contra grandes multinacionales”, apuntó Jorge Guzmán, experto en redes sociales de la Universidad de Antioquia.

Antecedentes

En Colombia entró en vigor el 21 de julio de 2009 la Ley 1335, conocida también como la Ley Antitabaco, normativa que situó a Colombia a la altura de otras legislaciones respecto al control del consumo de tabaco y sentó precedente para esta industria pues las compañías fabricantes debieron comenzar con la inclusión en sus empaques y etiquetas de imágenes con los efectos nocivos que ocasiona su consumo. A partir de este año y por disposición del Ministerio de Salud, se deberán incluir nuevas representaciones gráficas que evidencien el peligro que genera en las personas.