miércoles, 26 de febrero de 2020
Auditoría estableció inexistencia del procedimiento para acceder a indemnización administrativa en pagos pendientes en 2018
Según los hallazgos fiscales entregados por la Contraloría General de la Nación se reveló que hubo retrasos de $2.509 millones a 31 de diciembre de 2018 en materia de indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Una auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), donde descubrió tres hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, en retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas; una pobre cobertura del programa de Reparación Colectiva y una inoportuna reparación de las comunidades étnicas.
LOS CONTRASTES
Juan Francisco SotoJuristas y profesor de facultad de Jurisprudencia dela U. Rosario
“Sus hallazgos dan cuenta de lo que diversas organizaciones sociales y víctimas han denunciado, que existen serias falencias y barreras en la protección efectiva de sus derechos por parte de las entidades”.
El resultado de la auditoría también encontró ocho presuntas incidencias disciplinarias y otra que será trasladada a la Corte Constitucional.
En la auditoría se estableció la inexistencia del procedimiento para acceder a la indemnización administrativa de 1.140.145 pagos que estuvieron pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018.
"Más de 90.000 víctimas han recibido indemnizaciones por parte del Gobierno", Duque
Actualmente, hay registrados en la Red Nacional de Información de 8.944.137 víctimas y el Gobierno ha reparado a 986.961 víctimas con $6,1 billones. Eso durante los ocho años que entró en vigencia la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Un proyecto que buscaba dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a las víctimas del conflicto armado desde 1985.
El grave incumplimiento de la orden judicial que expidió la Corte Constitucional prevista en el artículo 7 del Auto 206 de 2017, indicó: “ordenar al director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa”.
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