• José González Bell

viernes, 6 de diciembre de 2019

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, la Ley ha permitido la inversión de $11 billones.

La Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que terminaba en junio de 2021 y que como determinó el Congreso en su aprobación, tenía un tiempo de 10 años.

Esta ley fue una de las banderas del expresidente Juan Manuel Santos y tiene como objetivo la asistencia integral a las víctimas, reconociendo la titularidad de los derechos a la verdad, justicia y reparación que les asiste. “Plantea un concepto único de víctimas, priorizándolas dentro de la atención y servicios que provee el Estado, reafirmando la igualdad entre las víctimas, pero al mismo tiempo garantizando una atención diferenciada de acuerdo con sus características”, establece el documento de la ley.

La vigencia iría hasta después de su vencimiento, pero aún no se han determinado los tiempos o si se exhorta al Congreso para que determine esa prórroga.

Los exministros del Interior, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, interpusieron una demanda contra la vigencia de esa ley y pidieron una prórroga hasta 2030.

“No puede permitirse la extinción del instrumento más importante de protección de las víctimas, motivo por el cual la norma acusada adolece de una inconstitucionalidad sobrevenida”, dijeron los demandantes, frente al tiempo de vigencia.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, la Ley ha permitido la inversión de $11 billones en la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto armado, de los cuales $6 billones han sido para indemnizar casi un millón de personas.
Durante los ocho años de vigencia de la Ley, se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido cerca de nueve millones de personas, de manera individual, que constituyen 17,7% de la población del país.