sábado, 5 de junio de 2021
La iniciativa está por enfrentar su cuarto y último debate y ha levantado revuelo dentro de la Rama Judicial por algunas de sus propuestas
Durante las próximas semanas está por definirse otras de las reformas para este año: la de la administración a la justicia. La iniciativa ha levantado revuelo por sus modificaciones y, por esta razón, Asuntos Legales habló tanto con sus defensores como con los detractores del articulado.
La defensa del proyecto
El representante a la Cámara, Harry González, uno de los ponentes del proyecto, aseguró que la iniciativa busca modificar la ley 270 de 1996. “Entre los temas relevantes, está la implementación de tecnologías de la información para fortalecer los expedientes judiciales. Además, se busca un mayor acceso a la justicia de comunidades apartadas, así como el posicionamiento de la justicia como un servicio público esencial”, dijo el representante.
Otro de los cambios que destacó González es la autonomía presupuestal que se busca con la aprobación del proyecto. Sobre este tema aseguró que “se modifican las reglas presupuestales para el acceso a recursos por parte de la Rama Judicial. La propuesta que se está desarrollando habla de destinar 3% del Presupuesto General de la Nación a la Rama, lo cual representa $4 billones”.
Críticas a la reforma
En una posición contraria están figuras como Gloria Stella López, presidente de Consejo Superior de la Judicatura, quien ha cuestionado el proyecto. López recordó que el articulado original fue propuesto por el organismo. “Se formularon, en el articulado original, propuestas encaminadas a fortalecer la carrera judicial, lograr la autonomía presupuestal de la Rama, mejorar la eficacia de la justicia, garantizar su prestación continua en beneficio de los ciudadanos”, dijo al respecto.
López dijo que pese a esta propuesta inicial, los coordinadores ponentes introdujeron cambios que “desdibujaron, desnaturalizaron y descuartizaron el espíritu de la iniciativa. convirtiéndola en el “Frankenstein” que está a punto de aprobar la Plenaria del Senado de la República”. La funcionaria dijo que las mayores preocupaciones del Consejo están contenidas en los artículos 35, 38, 42, 44, 46 y 47.
“En primer lugar, quiebran la separación orgánica y funcional entre la actividad de los jueces, que es la de dedicarse exclusivamente a juzgar, con las propias y diferentes del gobierno y administración de la Rama Judicial, a cargo de un órgano diferente, independiente y autónomo como lo es el Consejo Superior de la Judicatura”, afirmó.
LOS CONTRASTES
Gloria Stella LópezPresidente del Consejo Superior de la Judicatura
“Para el Consejo, el uso de las nuevas tecnologías de la información es un reto, pero también las tomamos como un compromiso mayor que tenemos en materia de administración de justicia”.
Harry GonzálezRepresentante a la Cámara
“Algunos cambios serán de actualización normativa y también necesidades propias de la Rama Judicial. La implementación de tecnologías de la información resulta imperante en medio de la pandemia”.
Como segunda medida, la funcionaria aseguró que la reforma busca que los profesionales suplan los requerimientos de experiencia necesarios para ser magistrado de alta corte. “Estas modificaciones violan la Carta Política”, dijo.
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