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viernes, 15 de octubre de 2021

También estaría involucrada la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, pues el contrato buscaba más infraestructura en cárceles

La Procuraduría General inició una investigación por un contrato de $16.000 millones que, supuestamente, fue pactado entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con Unión Temporal Centros Poblados. Con el contrato se buscó la construcción de un pabellón en una cárcel de Medellín.

El ente de control, según dio a conocer RCN radio, pidió a la Uspec una copia digital de los documentos que soportan las etapas contractuales entre las entidades y el consorcio empresarial.

“Estudios y documentos previos. Minuta del contrato. Adiciones o prorrogas al mencionado contrato. Acta designación del supervisor del contrato. El respectivo contrato de interventoría. Informes de supervisión e interventoría. Informes de ejecución", son algunos de los documentos solicitados.

También se pidió una certificación del estado actual del contrato; en caso de que haya finalizado, la Procuraduría solicitó una copia del acta de recibo final y liquidación del contrato. "Certificación sobre los antecedentes disciplinarios internes, laborales o existentes en la Procuraduría General de la Nación, y certificación de la entidad contratante de los funcionarios que intervinieron en la elaboración del bilateral en todas y cada una de sus etapas, así mismo, adjuntar copia del manual de funciones, hoja de vida, acta de nombramiento y acto de posesión", fueron otros de los requerimientos solicitados por el ente de control.

RCN también reveló que el contrato tenía como fin construir 513 cupos en la Cárcel de Bellavista. Sin embargo, en este caso, al parecer, también se presentaron documentos falsos relacionados con soportes bancarios, tal como sucedió con el contrato del MinTIC.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, afirmó que a pesar del acuerdo contractual el Ministerio no ha desembolsado dinero a la UT. “Allí no se hizo ningún anticipo y segundo el caso ya entró en proceso de liquidación así que no hubo ningún detrimento patrimonial. Los colombianos deben estar tranquilos de que no se adelantó un solo peso”, afirmó.

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