viernes, 28 de mayo de 2021
Algunas empresas sindicadas ya fueron sancionadas por las irregularidades, lo cual dio lugar a una multa de más $80.000 millones
La Superintendencia de Transporte anunció investigaciones contra 44 empresas de carga por presuntamente cesar sin razón algunas sus operaciones. El ente de control afirmó también que sancionó con una multa y cancelación de la habilitación a cinco de las más de cuarenta organizaciones, pues se comprobó que, en efecto, frenaron sus actividades injustificadamente.
La entidad estableció que las organizaciones sancionadas no expidieron ni remitieron los documentos electrónicos de carga ante la plataforma del Registro Nacional de Carga, lo cual es un procedimiento obligatorio cuando las empresas prestan este tipo de servicios de manera nacional e intermunicipal.
Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte, dijo que “completamos a la fecha 149 empresas de transporte a las que se les cancela la habilitación, lo cual entre otros evita que aparezcan ‘empresas de papel’ que no reportan al RNDC y podrían prestarse para prácticas prohibidas”.
Las empresas sancionadas según la información de la entidad fueron Transportes Consinbe Limitada, Oilserco S.A.S., Transportes Triana Limitada y Comercializadora de Fertilizantes y Carga Limitada.
Además, se conoció que los cargos impuestos por la Supertransporte incluyen el no cumplimiento de remitir en línea y en tiempo real los manifiestos electrónicos de carga a la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga, en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y junio de 2020.
En segundo lugar, se estableció que las empresas incumplieron con la obligación de enviar los programas de control y el monitorio de la conducta de los conductores por medio de la plataforma Vigia. Este requisito debía ser cumplido en el mismo lapso mencionado anteriormente.
Por último, se estableció que probablemente las empresas estarían incurriendo en el cese injustificado de sus operaciones. Los delitos en conjunto suman una sanción de $87.000 millones, o 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por no enviar las infracciones de tránsito de los conductores.
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