jueves, 15 de abril de 2021
La empresa anunció que su equipo jurídico radicará un recurso legal ante las autoridades para investigar el origen de las acciones
La empresa tecnológica Indra anunció que tomará medidas legales contra la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común luego de supuestas acusaciones en el marco del reciente proceso de licitación del Consejo Superior de la Judicatura para implementar el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (Siugj).
Indra afirmó que las acusaciones de la Red de Veedurías constituyen “una afectación para la compañía porque ponen en tela de juicio sus principios éticos y su capacidad técnica ampliamente demostrada en sus más de 25 años de trayectoria en Colombia en pro del desarrollo tecnológico del país”.
Respecto a las acusaciones de la Veeduría sobre la empresa, se afirmó que la organización está relacionada con el Caso Lezo, afirmación que Indra rechazó.
La empresa también dijo que no hace parte de un supuesto cartel de la contratación y que la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (Cnmc) de España “no compromete ningún aspecto corporativo a Indra Colombia”.
Respecto a las medidas legales que se adelantarán, la empresa anunció que su equipo jurídico radicará un recurso legal ante las autoridades para determinar e investigar el origen de las acciones. “La compañía confía en que las jurisdicciones competentes permitan esclarecer las motivaciones que impulsaron a buscar esta afectación y generar dudas sobre sus capacidades éticas, técnicas y de talento”.
Referente a las denuncias en el marco del proceso licitatorio mencionado, Indra negó una supuesta presentación de una propuesta con dos Números de Identificación Tributaria (NIT). De esta manera ratificó que la compañía realizó una oferta única bajo el NIT 830.013.774-1.
Indra finalizó asegurando que su “compromiso en el país ha sido demostrado por 25 años al liderar diversos proyectos de transformación digital”. La empresa dijo que para garantizar la transparencia en la licitación solicitó al CSJ que las pruebas técnicas fueran grabadas y publicadas.
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