• Allison Gutiérrez Núñez agutierrez@larepublica.com.co

martes, 29 de diciembre de 2020

El Gobierno Nacional firmó el decreto 1768 que aplaza por un año más la implementación del sistema penal acusatorio en la JPM

Con la expedición del decreto 1768, el cual fue expedido el 24 de diciembre durante las festividades navideñas, la modernización e implementación del sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar (JPM) volverá, una vez más, a ser aplazado por un año.

El argumento central del Gobierno Duque es que aún no existen las condiciones optimas para que se pueda llevar a cabo su implementación. Esto porque según lo dio a conocer el periódico El Tiempo “se requiere el fortalecimiento del componente humano”, lo que implica “la modernización de herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar la gestión y el desempeño de los despachos judiciales”, proceso que tomaría el año 2021 y parte de 2022, y que “debe estar acorde con la política de austeridad ordenada por el Gobierno Nacional”.

Esto implicaría que se aplazaría los proyectos fundamentales que traía consiga este reforma. Una de ellas pretendía aplicar el sistema oral así como la creación de figuras como el Fiscal General y el Cuerpo Técnico de Investigación, los cuales tendrían la facultad de investigar y juzgar los delitos cometido en actos de servicio por uniformados de las fuerzas militares como la de la Policía.

Lo que quiere decir que los 19.414 procesos que a septiembre de este año estaban en manos de la Justicia Penal Militar, entre los que se encuentra el caso de Dilan Cruz, el joven que murió en una movilización social el 23 de noviembre de 2019 tras recibir un disparo de un agente del Esmad, se verán afectados.

Y es que para abogados penalistas como Camilo Burbano, en diálogo con El Tiempo, postergar la reestructuración del sistema penal acusatorio lo único que causaría es deslegitimar este tipo de justicia debido a que los ciudadanos no perciben la manera de actuar de los jueces adscritos a este sistema. También, según Burbano, porque los procesados no cuentan con las garantías que en cambio sí ofrece el sistema penal acusatorio.

Además, Burbano señaló al medio de comunicación que otro de los puntos conflictivos de la actual Justicia Penal Militar es que las decisiones son potestad de quien está realizando la investigación, mientras que en el sistema que se propone quedaría en manos de un tercero.

Otro de los puntos ausentes en la JPM es que no cuenta con la oralidad por lo que según el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, la implementación del sistema penal acusatorio permitirá una homologación con la Justicia Ordinaria y la Jurisdicción Especia para la Paz (JEP).

Por lo que que este proyecto que se muestra clave para brindar más garantías a los procesos y fortalecer este mecanismo y que viene siendo postergado de 2010, cuando fue aprobado el Código Penal Militar por el Congreso de la República, aún no tiene fecha oficial ni voluntad política para que sea una realidad.