Colprensa
lunes, 28 de diciembre de 2020
Se le pidió a los mandatarios revisar los contratos en curso y los que se suscribirán, para corroborar que se ajusten a lo que ordena la ley
La vicepresidente Marta Lucía Ramírez hizo un fuerte llamado a gobernantes y alcaldes del país, para que den estricto cumplimiento a los principio que reglamentan la contratación pública en Colombia.
Para ello envió una carta firmada junto con la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, con el fin de exhorta a los mandatarios a revisar los contratos en curso y los que se suscribirán, para corroborar que se ajusten a lo que ordena la ley.
“En el Gobierno Nacional estamos convencidos y comprometidos con la transparencia, integridad y legalidad en la gestión pública y, en especial, en la contratación pública que es el instrumento jurídico idóneo para cumplir con los fines del Estado y prestar los servicios necesarios para el bienestar de la población”, señala la misiva.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los registros de Colombia Compra Eficiente, tan sólo 5,6% de los contratos que se firman en el país, corresponden a licitación pública. “Al hacer uso de los bienes de todos los colombianos, se debe emplear un mayor cuidado, y la aplicación de los principios como la transparencia y la selección objetiva son fundamentales, pues sin el cumplimiento de éstos, se desperdician recursos, se reduce la eficiencia, se pierde la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos”, puntualiza el documento.
En total, este año, se destinaron $120 billones para contratación pública. “42 billones se comprometieron a través del proceso catalogado como “Régimen Especial”, $21 billones de pesos se ejecutaron mediante el proceso de “Contratación Directa” y 1.8 billones de pesos, se comprometieron por medio de “Contratos y Convenios Entre Dos o Más Partes”, especifica la carta. Estas tres modalidades concentran 54,9% de los procesos.
Ante este panorama, la Vicepresidente y la Secretaria de Transparencia piden “dar aplicación inflexible a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así como en la Ley 610 del 2000, referentes a la igualdad, legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, de imperativo cumplimiento tanto por los servidores públicos como por aquellas personas de derecho privado que manejan, administran o invierten recursos públicos y, velar por que las personas con quienes contratan, cualquiera sea la modalidad, cumplan con los mismos”.
Así mismo, instan a “cumplir, sin excepción, la Ley 2022 de 2020 por la cual se adoptan los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de la contratación estatal”, y, adelantar acciones concretas y determinantes que permitan prevenir la corrupción y garantizar la transparencia y selección objetiva en la ejecución presupuestal, especialmente en los procesos de contratación directa.
En la carta se hace explícita la necesidad de trabajar en red para derrotar la corrupción. “Los entes departamentales y territoriales son aliados imprescindibles en la lucha contra la corrupción; exigiéndose una corresponsabilidad entre todos los actores de la sociedad, con el fin de tener entidades más eficientes y ciudadanos que confíen en nuestra labor, hacemos un llamado muy respetuoso para que promueva cada vez más el fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana, en lo relacionado con posibles hechos de corrupción y se consolide la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA”, resalta la misiva.
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