sábado, 14 de septiembre de 2019

En estos días se ha hablado mucho con respecto a la reducción de la cuota de producción de cannabis medicinal asignada a Colombia por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife). La noticia dejó muy preocupados a muchos empresarios, inversionistas y emprendedores, pues dicha organización limitó el cupo de producción del país a 1,5 toneladas, frente al otorgado en 2018 que había sido de 44 toneladas.

A partir de la divulgación de la noticia, se generaron infinidad de inquietudes. ¿Quiénes tendrán este cupo?, ¿Con esta reducción, Colombia queda en desventaja frente a otros países productores de cannabis?, ¿Los pequeños productores tendrán que competir frente a las grandes empresas para tener un porcentaje de lo otorgado?

Las opiniones, no se hicieron esperar y muchos hoy esgrimen el argumento de que esta es una estocada a la naciente industria, pues a partir de la legalización del cannabis, se preveía el nacimiento de un nuevo sector que tendría la capacidad de oxigenar a la economía nacional, pero con anuncios como este, podrían frenarse iniciativas que ya marchaban a la vanguardia en vaias regiones del país.

Y es que el camino recorrido no se puede desandar porque para ir al génesis del asunto, no olvidemos el impacto originado por la Ley 1787 de 2016 que abrió las puertas a muchos cultivadores que venían de la ilegalidad y también a “emprendedores” improvisados que reaccionaron desaforados en busca de las codiciadas licencias con miras a negociarlas en un cotizado mercado negro que generó el caos total.

Ahora, aunque el desorden hoy no es el mismo, y muchas empresas llevan sus procesos más adelantados, e incluso algunas están preparadas para la exportación de aceites a farmacéuticas internacionales, hay que tener en cuenta que la disminución de la cuota se debe, a que el país no aprovechó el cupo anterior, en razón que la mayoría de los cultivadores y productores aún se encuentran en etapas de estandarización y caracterización de los procesos exigidos por los mercados internacionales para su exportación.

Superar este escollo depende del gobierno nacional y todos los actores de la industria están a la expectativa para que se destraben procesos como las demoras por parte de los ministerios en los trámites de las licencias, que pueden tardar hasta un año, porque de continuar así, comenzaría a desestimularse la dinámica y ninguna de las ventajas de cultivar en el país serviría para atraer la inversión extranjera y como resultado podría reducirse cada vez más el mencionado cupo y la industria sufriría un gigantesco revés.

En este panorama, estamos frente a la incertidumbre, que se hace mayor ante la posición del gobierno del presidente Duque, quien recibió con mucha prevención la legalización del cannabis, lo que siembra una duda que demora todos los procesos y que podría disminuir la ventaja que hemos logrado conseguir frente a otros países que estaban más atrasados que Colombia en la legalización.

En contra tenemos también la presión al interior de los Estados Unidos que busca mercados para exportar derivados, y por otro lado, los avances de países del continente asiático que tienen un alto desarrollo con productos derivados del cáñamo (cannabis no psicoactivo), todos en busca de mayores cupos ante la Jife para aportar a la medicina.

Así las cosas, la industria del cannabis espera pues que el Gobierno Nacional no solo haga las gestiones prudenciales ante el mencionado organismo para reclamar un mayor cupo con miras al próximo año, sino que dinamice los procesos para la aprobación de trámites y licencias, y que haga una coordinación adecuada para la asignación de cupos a los productores con el fin de que estos puedan planear sus negocios y así catapultar este negocio tan atractivo que promete mucho.