viernes, 21 de febrero de 2020
En diciembre pasado, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo No. 05 de 2019, con el propósito de modificar el artículo 361 de la Constitución Política.
Se busca corregir algunos aspectos que no funcionan bien del Acto Legislativo No. 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012. La inspiración, como siempre, es que a través de la explotación de los recursos naturales se pueda conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios de desarrollo, así como la preservación del medio ambiente sano.
Todo ello es loable y, por supuesto, justo, en especial con las regiones productoras. Sin embargo, esto debería ir acompañado de una campaña de información a fin de que las personas finalmente comprendan que sin la industria extractiva, no habrá regalías que repartir.
Aunque no parezca lógico que suceda, lo cierto es que todavía hay quienes desean más dinero para invertir en desarrollo regional, pero rechazan la existencia de estas industrias en su territorio.
Incluso a nivel nacional, en otros sectores del Estado, se diseñan políticas, programas y proyectos para incentivar las exportaciones que denominan “no minero-energéticas”, con una clara intención de exclusión, y cuyos pilares son hacer un mejor aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos, atraer la inversión extrajera y facilitar el comercio legal y leal.
La pregunta sería, ¿por qué estas políticas y programas deliberadamente no incluyen las industrias minero-energéticas?
Es como si se negara que existe una riqueza natural invaluable, que requiere ser explotada, pero que además necesita que se le dé valor agregado nacional para su exportación.
Siempre se ha considerado que quienes se dedican a estas industrias deben sobrevivir solos y que no requieren de apoyo alguno, y ello no es así.
Se hace indispensable hacer una promoción endógena de los beneficios que hay para Colombia si se extraen los recursos del subsuelo. Que se entienda que la mayor parte de las industrias en Colombia usan, benefician y transforman esos recursos. Tener estas materias primas mineras y esos energéticos ha permitido que se tenga una industria diversa y en constante crecimiento.
Entonces es claro que el sector minero-energético necesita del apoyo estatal y social para continuar aportando al país. Requiere de infraestructura de transporte, de mejoramiento de las condiciones de producción, de apertura de nuevos mercados y que no se sigan imponiendo nuevos impuestos que graven su ejercicio.
Actualmente, estamos reflexionando, además, sobre la transformación energética del país, que permita abaratar los costos de la energía y cumplir con los compromisos adquiridos en materia internacional, los cuales no son fáciles de atender. Estos compromisos relacionados con la modificación de la matriz energética buscan de darle mayor participación a las fuentes no convencionales, que son más amigables con el ambiente.
Como siempre, el sector minero-energético mira todos estos retos como oportunidades, pero se requiere del apoyo nacional.
La minería podrá apoyar la producción de los insumos que se requerirán para la generación eólica o solar, porque nuevas industrias requerirán nuevos productos mineros. El llamado es a no olvidar que para tener huevos, se requiere de la gallina.
