viernes, 21 de agosto de 2020

La importancia durante esta pandemia del covid-19 de las rentas que producen la explotación de los recursos del subsuelo ha sido manifiesta. Gracias a los dineros provenientes del pago de las regalías mineras y petroleras, el Gobierno Nacional ha podido hacer parte de las grandes erogaciones indispensables para atender los múltiples frentes de necesidad de gasto e inversión. Ayudas para empresarios y trabajadores, para ciudades y regiones, compra de equipos e insumos médicos, en fin, un sin número de gastos no previstos en los presupuestos ordinarios del Estado, en todos sus niveles.

Siempre las regalías han sido una caja nada despreciable para financiar el desarrollo, pero en estos momentos son un factor determinante, porque han aportado la liquidez necesaria para atender de manera oportuna a los colombianos. Ello es muestra de lo trascendente que resulta el proceso de reforma al Sistema General de Regalías que viene efectuándose a partir de la modificación del artículo 361 de la Constitución Política y de la modificación en curso de la ley 1530 de 2012. A partir de la experiencia tenida con la implementación de la ley 1530 de 2012 y las dificultades observadas con el flujo adecuado de recursos, el Gobierno promovió la revisión del sistema hacia algo que sea, un tanto más simple, pero también más efectivo.

Son dos los principales enfoques: (i) mejorar lo relativo al ciclo de las regalías y (ii) mejorar lo relativo al ciclo de los proyectos de inversión. En materia del ciclo de las regalías, se trata de hacerle un adecuado seguimiento a los proyectos mineros y petroleros, a fin de saber cuánto se tiene estimado en materia de recursos y reservas para producir y, una vez se entre en producción, hacer la fiscalización adecuada, para que los ingresos recibidos correspondan con lo producido. Permitirá igualmente estimar a futuro, un flujo de ingresos a partir de la cuantificación de esos recursos y reservas, que estará a cargo no solo de los contratistas del Estado sino de las entidades del sector, así como de los compromisos de producción establecidos en los contratos. En relación con el ciclo de los proyectos de inversión, también se harán modificaciones importantes.

Tal vez la que ofrece mayor claridad, es permitirle a los beneficiarios de regalías directas y a los fondos, tener certeza sobre el monto de su ingreso y no estar pendientes del reparto de un dinero residual, luego de la aplicación de unos porcentajes asignados y a los que había que atender en primera instancia. A partir de esta reforma, habrá asegurado 25% de los ingresos para las regalías directas, mejorando el flujo de dinero hacia las regiones y municipios productores, quienes se verán compensados mas equitativamente.

En materia del ciclo de los proyectos de inversión, desaparecen unos órganos colegiados de administración y decisión - Ocad, donde se estima la Nación no debería estar desempeñando un papel que no le corresponde. Se trata a futuro de que los territorios tengan la decisión de sus inversiones en desarrollo, de conformidad con sus planes, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. De tiempo atrás se viene discutiendo sobre la necesidad de profundizar la descentralización. Esta será la oportunidad de la decisión para los territorios. Habrá acompañamiento y seguimiento de la Nación, pero la autonomía de decisión sobre qué hacer, estará materializada.

Otros temas interesantes del proyecto son la inclusión de otra figura de recaudo: “obras por regalías” y la optimización del sistema de ahorro, de manera que puedan manejarse mejor los ciclos de desinversión, de acuerdo con las necesidades del país. Esperamos que la ley sea expedida prontamente, y que las regalías sigan siendo una fuente importante de recursos, que ahora se requieren para impulsar la recuperación de la economía luego de la pandemia.