miércoles, 12 de agosto de 2020

Coincidiendo con la Presidencia Pro-Témpore de Colombia en la Comunidad Andina, su órgano institucional más importante, el Tribunal de Justicia (TJCA) se encuentra en una grave crisis económica y financiera que obligaría a clausurar su sede y sus actividades de velar por la aplicación del derecho comunitario en los países andinos. Así se lo han hecho saber los Magistrados del Tribunal a los Presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en comunicación reciente donde señalan que este órgano solo cuenta con recursos para cubrir sus obligaciones hasta el mes de agosto de este año, y que incluso corren el riesgo de ser desalojados del inmueble donde funcionan por el atraso de varios meses en el pago del alquiler.

Este órgano jurisdiccional fue inicialmente constituido en 1979 como el “Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, pero mediante el Protocolo de Trujillo de marzo de 1996 se transformó en el “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Tiene entre sus competencias las de resolver controversias entre los países miembros, y entre estos y los ciudadanos andinos (personas naturales o jurídicas) afectados en sus derechos por posibles incumplimientos de las normas del ordenamiento jurídico andino. Igualmente, como en la integración europea, este órgano es competente para absolver solicitudes de interpretación prejudicial del derecho comunitario, con el fin de asegurar su interpretación y aplicación uniforme por los jueces y por las autoridades administrativas de los 4 países.

En reciente estudio comparado sobre el activismo judicial del TJCA, se confirma que se ha constituido en la tercera corte internacional más activa del mundo, y en la más antigua y exitosa entre once cortes que han trasplantado el modelo de la Corte Europea de Justicia. [1] La labor del Tribunal ha crecido de manera significativa. Cifras del Tribunal ilustran que las causas judiciales recibidas se cuadruplicaron entre 2008 y 2018, y las resueltas se quintuplicaron. Las 620 sentencias en 2018 significaron 1,7 pronunciamientos diarios, que han servido de apoyo tanto a los países como a los empresarios. La gran mayoría de las solicitudes de interpretación prejudicial emitidas por el Tribunal, que constituyen más del 90% de su carga laboral, provienen de Colombia y atienden asuntos sobre propiedad industrial, normas aduaneras y de origen, transporte, comunicaciones, libre competencia, doble tributación, entre otros.

El TJCA, con sede en Quito, está integrado por cuatro magistrados que tienen la nacionalidad de origen de cada uno de los países y actúan con absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones. El serio problema financiero de este órgano comunitario viene de tiempo atrás. Su presupuesto anual está congelado desde 2008 y asciende US$1,17 millones, a cargo de cuatro países. A la fecha, las deudas de los países ascienden a US$1,48 millones. Sería muy lamentable e impresentable a nivel internacional que, dados estos montos, los miembros de la CAN dejaran hundir por inanición a una institución comunitaria que ha sido tan relevante para la seguridad jurídica de la integración en la zona de libre comercio y la operación de otros mecanismos de integración económica y social.

Sin embargo, estamos seguros que la importancia que sigue teniendo la integración subregional para Colombia y demás miembros, recientemente reiterada por los Presidentes a raíz de los 50 años del Acuerdo de Cartagena, permitirá encontrar soluciones inmediatas a esta delicada situación, sin perjuicio que se adelanten modificaciones al sistema andino de solución de controversias, según se acordó en el XX Consejo Presidencial Andino, cuando Colombia asumió la presidencia Pro-Témpore de la Comunidad.

[1] Alter, Karen J. and Helfer Laurence R. “Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal of Justice”. Oxford University Press, 2017. Pg. xi.