viernes, 30 de octubre de 2020

Estimado colega: seguramente se habrá preguntado qué vamos a hacer los abogados en el futuro, ahora que el mercado es impredecible para muchos sectores y que la tendencia se está volcando a las nuevas tecnologías; la tensión económica por la Pandemia, el recorte presupuestal de nuestros clientes y la sobrepoblación de abogados son ya de por sí, un tema preocupante y si a esto le sumamos los avances tecnológicos y la posibilidad de información sobre cualquier asunto, al instante y gratuito, estamos mandados a recoger.

Una profesión tan “tradicional” por no llamarla estática y paquidérmica, amenaza con fosilizarse y transformar sus principios en tareas de trámite, diligenciamiento de formularios y minutas de contratos.

Vale la pena mencionar que ningún sector económico ha sido ajeno a lo antes mencionado, sin embargo, la respuesta de cada profesión marca la diferencia. El temor es ser remplazado por una máquina o un robot.

Resulta que este escenario hipotético ahora es real: en Estados Unidos ya existe una aplicación que se autodenomina “el primer abogado robot”, se trata de Do Not Pay, promete enfrentar litigios frente a las compañías y pasar por encima de la burocracia solamente presionando un botón, a cambio de US$3 mensuales.

Para cualquier persona que ha enfrentado una reclamación con las empresas de servicios públicos, la EPS, una aerolínea, el banco, que pretende cobrar sumas de dinero o que tuvo inconvenientes con cualquier entidad, esta opción resulta siendo atractiva.

Veamos algunos datos del abogado robot: ha sido utilizada por más de 50.000 usuarios en los Estados Unidos, ha ahorrado cerca de US$15 millones en comparendos de tránsito, presenta un crecimiento mensual de 50% y se expande a más sectores del derecho.

Si su preocupación es que los abogados sean remplazados, es importante tener en cuenta que aplicaciones como Do Not Pay no pretenden ese fin, sino que persiguen hacer extensivo el acceso a la justicia a personas y sectores de la comunidad que no tienen conocimiento jurídico y que tampoco pueden costear un abogado, permite una activación y mejoramiento de los procesos gubernamentales basados en inteligencia artificial (para mecanizar y acelerar trámites) genera la necesidad de modernización en las entidades que se enfrenten a reclamaciones, y posibilita que una mayor cantidad de personas esté al tanto de sus transacciones jurídicas.

En países tan desiguales como el nuestro, resulta siendo imperioso el desarrollo de mecanismos que brinden opciones a ciudadanos ubicados en sectores remotos y/o de escasos recursos, para que puedan acceder al adecuado ejercicio de sus derechos y satisfacción de garantías legales.

De acuerdo con la última Encuesta de Necesidades Jurídicas de MinJusticia, 70% de la población considera que la asesoría o representación legal no es necesaria y 66% de la población de menores ingresos considera que es muy costoso (aun hablando de servicios gratuitos como la Defensoría del Pueblo, asistencia probono y consultorios jurídicos).

La invitación será siempre estar al tanto de las bondades e interacción multidisciplinaria del entorno -que incluye a los abogados y al mundo jurídico- repensar el ejercicio de la abogacía y lograr hacerle frente, no solo a las preocupaciones económicas que se derivan de “ser remplazados” sino de la función social que cobija nuestro ejercicio y de las posibilidades infinitas para mejorar la aplicación del derecho, permitiéndonos ser más abogados y menos tramitadores.