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sábado, 27 de junio de 2020

En días pasados, el superintendente financiero se pronunció sobre el riesgo que implica para el sistema financiero la coyuntura actual, la cesación de pagos por parte de los deudores y la necesidad de tomar las medidas necesarias tendientes a minimizar el impacto de la degradación de la cartera.

En ese sentido, la Superintendencia Financiera (SFC) emitió un comunicado de prensa en el que definía las condiciones mínimas que debían tener las medidas tomadas por los bancos con ocasión de la emergencia económica generada por la covid-19 para el pago de créditos.

De manera general, se encuentran el no aumento de tasas de interés, el no cobro de intereses sobre intereses y el beneficio de no reporte a las centrales de riesgo por acogerse a los programas de beneficio diseñados por los bancos, además de la entrega de información clara y suficiente a los consumidores acerca de los mecanismos empleados para ajustar las condiciones de los créditos vigentes.

Así mismo, se encuentra el deber de información a los deudores sobre la posibilidad que tienen de conservar las condiciones iniciales de sus créditos, si así lo desean, en cuyo caso deberán ponerlo en conocimiento de la entidad.

De este modo, la SFC busca mitigar el riesgo de cesación de pagos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los deudores o redefiniendo las condiciones de estos créditos, de tal forma que no incurran en mora, toda vez que el deterioro de la cartera aumenta el riesgo de insolvencia, lo que, a largo plazo, puede conllevar a una crisis financiera con las consecuencias desastrosas ya conocidas.

En ese sentido, el mensaje de la SFC es claro: quienes puedan cumplir con el pago de sus obligaciones financieras debe hacerlo, al tiempo que las entidades financieras deben hacer uso de las reservas que tienen, aumentando el nivel de provisiones, con la finalidad de preservar los niveles de solvencia del sistema y, así, proteger el ahorro del público.

Dentro de las proyecciones que tiene la SFC, las provisiones deben aumentarse paulatinamente durante 2020 y 2021 alrededor de $9 billones; sin embargo, este aumento debe equilibrarse con la colocación de créditos para el sector productivo, de tal forma que se incentive la reactivación económica.

Justamente con esta finalidad de reactivar la economía, los bancos han reservado créditos con garantías del gobierno por $7 billones para empresarios y trabajadores independientes, el Fondo Nacional de Garantías fue capitalizado en $1,3 billones y se han creado nuevas líneas de crédito. Sin embargo, hasta el momento se han colocado $2,3 billones de los $8,5 billones que se encuentran preaprobados por los bancos y esto obedece a que la demanda de crédito está supeditada a la posibilidad de generar ingresos con los cuales este pueda ser cubierto.

De igual forma, la SFC busca mitigar los riesgos de una crisis financiera, adoptando medidas para que los bancos puedan ir haciendo una transición ordenada en los descongelamientos de periodos de gracia concedidos a los deudores y para la reestructuración de los créditos existentes; sin embargo, es claro que la colocación de nuevos créditos será mucho más lenta.

La SFC espera que las entidades puedan llegar sin dificultades a enero de 2021, gracias a los $4 billones que tienen en provisiones y las utilidades del ejercicio en curso. Por ello, la SFC ha sido enfática en que el adecuado comportamiento de los deudores es fundamental para superar la contingencia y evitar una crisis financiera.