jueves, 26 de noviembre de 2020
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha impulsado distintas iniciativas legislativas tendientes a la reactivación del sector de la construcción y a la implementación de mecanismos que faciliten la financiación y desarrollo de proyectos urbanísticos que requieren distintas ciudades de nuestro país.
Dentro de las mencionadas iniciativas resaltamos los subsidios a la vivienda de interés social y vivienda NO-VIS de hasta 500 salarios mínimos, el proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con las licencias urbanísticas y el más reciente Decreto 1382 de 2020, por medio del cual se reglamenta el instrumento de financiación de renovación urbana a través de la titularización del mayor valor del impuesto predial.
Apartándonos de los subsidios de vivienda que han probado ser una herramienta eficaz en la reactivación del sector de la construcción y de la economía, lo cierto es que la renovación urbana y el desarrollo de proyectos urbanísticos de gran escala no se podrán materializar en las dimensiones y con la velocidad que requieren nuestras ciudades, a punta de decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
Más allá de las dificultades técnicas, desde un punto de vista de bancabilidad, que tienen algunas de las iniciativas legislativas del Ministerio, como lo es la del Decreto 1382 de 2020, el problema de fondo de dichas iniciativas es la ineficiencia o incapacidad que las administraciones distritales y municipales han demostrado en la ejecución de este tipo de proyectos.
Para poner algunos ejemplos, la administración actual en Bogotá no ha adoptado ni un solo plan parcial, en lo que va corrido de su gobierno, y el desarrollo del Plan Zonal del Norte de Bogotá, de cuyo fideicomiso tuve el honor de haber sido gerente, ha sido mucho más lento de lo proyectado, por la ineficiencia, entre otras, de nuestra administración distrital en la adopción de ciertos decretos. Por lo anterior, resulta poco realista que con la adopción del Decreto 1382 de 2020 nuestra capital sea capaz de definir cuáles serían esos proyectos de renovación urbana que financiaría a través de titularización del mayor valor del impuesto predial.
Esto, más allá que una crítica al gobierno de turno o al gobierno nacional por la expedición del Decreto 1382, es un verdadero llamado a la sensatez de nuestras autoridades. Los ciudadanos y nuestra economía requieren administraciones que en el ejercicio de sus funciones ejecutivas se dediquen precisamente a ejecutar, a actuar más como entidades técnicas, apolíticas y especializadas que se dediquen a pensar en el desarrollo de los proyectos y necesidades de la ciudad y a administrar los recursos de manera eficiente.
Las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales deben también actuar técnicamente y dejar de ser el escenario de disputas políticas que lo único que hacen es rezagar el desarrollo de nuestras ciudades y nuestra competitividad. Nosotros, como ciudadanía, también tenemos una gran responsabilidad y es dejar de actuar como borregos, y más bien exigir que nuestras administraciones actúen diligentemente y en el mejor interés de la ciudad y, por supuesto, rodear y proteger a los gobernantes que actúen de conformidad. Sin que esto ocurra, el verdadero desarrollo urbanístico de nuestras ciudades seguirá siendo un sueño, por más iniciativas legislativas que promueva el Gobierno Nacional.
