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lunes, 1 de abril de 2019

La situación generada por el Brexit se torna cada día más caótica y desconcertante y su desenlace es cada vez más incierto. Más de un millón de personas se reunieron el pasado 23 de marzo en Londres para manifestar su oposición a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y demandar un nuevo referendo. El agobio y angustia de Theresa May, a raíz del rechazo de su plan B, parece no tener fin y la presión sobre los diputados del Parlamento inglés va en aumento. Existe un descontento generalizado entre la población: los ciudadanos votaron completamente desinformados y sin reparar en absoluto sobre las graves consecuencias comerciales y económicas que resultaron de esa decisión.

A finales de enero se hizo referencia, en esta columna, a la encrucijada que supondría para el Reino Unido un Brexit sin acuerdo, ad- portas de que expiren los dos años de negociación que contempla el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. El Consejo ha autorizado a la Primer Ministro británica a que postergue la salida de su país hasta el 22 de mayo del año en curso. En este lapso de tiempo, deberá lograr que el Parlamento británico apruebe el acuerdo que contempla el periodo de transición que tanto necesitan las empresas inglesas y europeas. De no ser así, el Reino Unido tendría hasta el 12 de abril para proponer una solución alternativa ante los líderes europeos, para evitar la retirada sin acuerdo.

A pesar de que el pasado miércoles la señora May jugó su última carta y anunció su dimisión para el momento en que se inicie la segunda fase del Brexit, a cambio de la aprobación de su acuerdo, el actual panorama lleva a anticipar que la inmolación de al primer ministro no parece ser garantía suficiente de un resultado favorable en el Parlamento. Por consiguiente, los preparativos para una salida sin acuerdo continúan.

Es menester recordar que al convertirse en un “tercer país” las operaciones del Reino Unido serán objeto de las medidas comerciales aplicables a estados no miembros.

Por ejemplo, las mercancías originarias del Reino Unido que se exporten al territorio aduanero de la Unión, o viceversa, serán sometidas al control aduanero, deberán presentar las declaraciones correspondientes, pagar el arancel externo común aplicable a terceros países y las autoridades podrán exigir garantías por deudas aduaneras potenciales o existentes.

Asimismo, dejarán de aplicarse los acuerdos comerciales preferenciales, entre la Unión Europea y terceros países, al Reino Unido.

La Comisión ha emitido unas comunicaciones preparatorias, en las que formula diversas recomendaciones para los operadores privados en relación con las consecuencias jurídicas del retiro. Justamente para contrarrestar los referidos efectos, este órgano sugiere que los exportadores y productores europeos que pretendan solicitar un tratamiento arancelario preferencial, a un país que sea parte de un Acuerdo de Libre Comercio celebrado con la Unión, no incluyan los insumos originarios o producidos en el Reino Unido como “contenido de la Unión Europea”.

Aunque May ha descartado que el Brexit tenga reversa y no ha suministrado aún una fecha para dejar su cargo, la posición del pueblo británico es clara y reclama un segundo referendo a lo que se suma la solicitud de revocar todo el proceso.

Los países no parecen aprender de las lecciones que deja el populismo. Si por aquí llueve por allá no escampa.