martes, 15 de septiembre de 2020

Es tiempo de dejar de mentirnos: el sistema procesal colombiano hecho a nuestra medida no es acusatorio, sencillamente es un sistema propio que de poco ha servido para enfrentar flagelos nacionales como la impunidad, la larga duración de los procesos y la congestión judicial.

Cada vez que sale una decisión de la Corte Suprema de Justicia que justifica el rompimiento o alejamiento de sus decisiones de un sistema acusatorio, lo hace manifestando que éste es un sistema a la colombiana.

No, nuestro sistema de acusatorio ya no tiene nada, sobre la base de la búsqueda de la verdad y del respeto a los derechos de las víctimas se ha ampliado la impunidad, la congestión y sobre todo la violación de garantías y el debido proceso.

Limitar los preacuerdos y negociaciones sobre la base de una estricta interpretación del principio de legalidad conlleva a que el espíritu acusatorio se desmorone y a buscar que la menor cantidad de procesos lleguen a juicio.
Poner la carga de la prueba sobre falencias en la cadena de custodia a quien la alegue, ha hecho posible que se vulneren principios como intimidad, legalidad y dignidad de manera constante, además ha hecho que las investigaciones muchas veces carezcan de verdadero rigor.

Permitir la presencia del Ministerio Público es el rompimiento más claro de la igualdad de armas, más en un país en donde históricamente este ente de control cree que los procesados no hacen parte de la sociedad, que la Constitución y la Ley les exige defender, convirtiéndose en la mayoría de las veces en correctores de los errores de la fiscalía o en su apoyo más importante, alejados de la realidad procesal.

Es hora de dejar las mentiras, nuestro sistema no tiene de acusatorio ni la tendencia, es un sistema propio dañino, desconocedor de la igualdad de armas y realizado para derrotar a quien haya caído en las redes de una investigación aún siendo inocente.

Se requiere una reforma urgente en donde el país jurídico se pronuncie y manifieste si quiere seguir inmerso en un sistema donde la legalidad solo es rigurosa para condenar, pero no para dar garantías o si quiere evolucionar sin mentiras y tapujos hacia un sistema en donde la igualdad de armas y la libertad, entre otros principios, se respeten sin tapujos o maquillajes.

Esta reforma debe incluir reglas más claras en temas de interceptaciones telefónicas y una mirada profunda al tema del juicio con jurados, que ya profesores como Rubén Acosta y Alejandro Sánchez han puesto estos días sobre la mesa que nuestra Constitución consagra esta posibilidad y solo falta su desarrollo legislativo.

Por lo menos para mí, es urgente introducir un sistema en el que se permita que un grupo de ciudadanos sean quienes decidan en ciertos juicios sobre la responsabilidad o no de una persona. Con el jurado se garantiza la aplicación real del principio de presunción de inocencia y de la condena más allá de toda duda.

Por último, como lo expresé en redes sociales, cuando en un cuerpo colegiado uno de sus miembros salva el voto, ¿no debería absolverse siempre precisamente por existir esa duda favorable al procesado? Les dejo la inquietud.

Un sistema a la colombiana sí, pero respetuoso de garantías y de la defensa. No a la mentira que tenemos hoy.