jueves, 15 de octubre de 2020
Una vez más se propone una gran reforma a la justicia, sin embargo, una vez más los temas de fondo no se tocan y se sigue insistiendo en reformar cosas que de nada sirven o servirán para solucionar los problemas de base frente a la administración de justicia que necesita aclarar el pueblo colombiano.
Lo que necesita el ciudadano colombiano son herramientas que permitan eliminar la congestión judicial en lo laboral, en lo civil, en lo administrativo y en lo penal.
Una de las formas para lograr esto es robustecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, específicamente en el campus civil, laboral y administrativo, que las conciliaciones dejen de ser un mero requisito de procesabilidad, se apliquen con disciplina y en realidad buscando que muchos de los problemas que son sometidos por los colombianos a la justicia no sofoquen los despachos judiciales, sino que logren pronta y anticipada solución.
Una reforma a la justicia también tiene que meter mano al derecho privado que, sin desconocer la autonomía de la voluntad de las partes, ayude a los menos favorecidos a tener un mayor control frente a la tasa de interés en los prestamos educativos y de vivienda, una protección frente a los desalojos o procesos ejecutivos que terminen en remate de bienes que se pierden, no por un no pago doloso de las personas, sino porque entran en verdadera circunstancias angustiantes en que si las entidades financieras que prestaron el dinero no quieren dar reales alternativas para que la persona no pierda su hogar o su negocio, pues en la ley supla esa falla y haga todo por mantener la propiedad en quien de buena fe ha tratado de cumplir con sus obligaciones.
Obviamente que así como se harán facilidades para proteger la propiedad, para bajar el interés, para ayudar el crédito de fácil acceso y fácil pago, también a los propietarios que demuestren mala fe en el impago y ocupación dolosa de inmuebles ajenos, la ley también le de salidas expeditas a los dueños para recuperar su propiedad.
En materia penal es urgente una reforma que le deje claro al país cuál es el sistema que nosotros queremos aplicar, que no se digan más mentiras, que tenemos un sistema acusatorio a la colombiana porque lo que se ha hecho es precisamente todo lo contrario: crear vía jurisprudencial un sistema que lo tiene todo, menos de acusatorio.
Debemos hacer una reforma donde la ley sea mucho más clara sin censurar la facultad interpretativa de nuestras cortes, pero que quede de una vez por todas claro si vamos a tener un sistema procesal colombiano el que sea o realmente vamos a dar por fin un paso hacia un sistema acusatorio real, donde la fiscalía sea la dueña y la titular de la acción penal en todo sentido, en donde sí se promuevan preacuerdos, negociaciones y principios de oportunidad sobre la base de luchar contra la impunidad y lograr los beneficios para las víctimas o si vamos a seguir como hoy negando la realidad para la cual fueron utilizados y creados en el mundo los mecanismos de justicia premial.
Ojalá el país no siga desaprovechando las posibilidades de reformar la justicia, pero sobre la base de las necesidades reales y no sobre cuántos magistrados son o quién los juzga o quién los sigue.
Lo único que se le debe garantizar al colombiano es que a las cortes lleguen personas por su capacidad, por lo tanto una elección por concursos es lo que tendría que reformarse en ese sentido y, por último, dejar claro que ninguna reforma a la justicia será posible sin un aumento considerable en el presupuesto que la pueda hacer realidad, más elemento humano y tecnológico a nuestros jueces, a nuestros fiscales y también a quienes ejercemos la defensa.
