sábado, 15 de mayo de 2021

Los retos que tiene el país en materia social y económica son enormes. Con un índice de pobreza monetaria a 2020 de 42,5%, que se traduce en que 3,5 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria el año pasado y que implica un retroceso porcentual de más de 8 años , una caída en el PIB del 6,8% y un déficit fiscal de 7,8% del PIB a 2020, según cifras de Ministerio de Hacienda, imponen el reto pensar de forma holística en el mediano y largo plazo.

Dentro de esas muchas partes del todo se encuentra un insumo que espero el país valore, que no pase desapercibido producto de la coyuntura política actual, y es el informe de la comisión de expertos en beneficios tributarios presentado este año.

En mi concepto, es la pieza más valiosa que se ha construido en Colombia referente a políticas públicas en materia tributaria en este siglo, dado que las recomendaciones fueron construidas en conjunto con expertos internacionales que no tenían interés diferente de sugerirle a nuestro país un sistema tributario de talla mundial fundamentado en la equidad, la eficiencia y la simplicidad.

En efecto, los expertos internacionales diagnosticaron lo que ya muchos sabemos y es que nuestro sistema tributario es difusional, puesto que las múltiples reformas tributarias son reformas fragmentadas que no atienden a una estructura de políticas publicadas adecuadas, creando un sistema altamente regresivo, incorporando gasto tributario sin medir las externalidades positivas, así como la creación de disposiciones que degeneran en arbitraje con lo se presentan escenarios de planeación tributaria agresiva.

No puede ser posible que en Colombia, una pensión mensual de $36 millones no pague impuesto de renta o que solamente 39% del total de los bienes y servicios sean gravados con IVA, cuando el promedio en países de América Latina es de 58%, o que la proporción entre los impuestos y el PIB en Colombia es del 19,4%, cuando sus pares de la OCDE es el 34,3% y en Latinoamérica 23,1%.

Si se quiere un país con mayor inversión en educación, salud, infraestructura y mayor gasto público, focalizado a quien se encuentran en situación de pobreza monetaria, debemos apostar por una reforma que amplíe la base tributaria con una disminución de tarifas nominales, la eliminación de gasto tributario, excepto en aquellos casos donde las externalidades positivas sean mayores al gasto tributario, la creación de impuestos sobre bienes que afecten la salud y el medio ambiente, la eliminación de impuestos que atienden a los ingresos y que no consultan el principio de capacidad contributiva como el ICA, el GMF o el impuesto de alumbrado público.

No parece simple, pero en realidad ya tenemos el insumo, la carta de navegación, solo necesitamos la decisión política que más que en el Gobierno, está en el Congreso en virtud del principio de reserva de ley. Estas reformas pueden realizarse de forma gradual y concertada, atendiendo a los siguientes criterios: i. Aquello que impacte más rápidamente la progresividad del sistema efectos de lograr la equidad vertical y horizontal (gastos tributarios); ii. Eliminar disposiciones que generen arbitraje tributario y iii. Simplicidad en el sistema eliminando los procesos de depuración complejos producto de múltiples disposiciones que generan asimetrías para diferentes grupos de contribuyentes. En síntesis, debemos buscar que todos los que tienen capacidad contributiva aportemos con el objeto de tener un mejor país.

(1) Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012-2020).