lunes, 5 de junio de 2017

 Quizás valga la pena recordar el texto que el Presidente de la República lee en el juramento de posesión de un magistrado: “¿Jura usted por Dios Todo Poderoso y promete solemnemente a la Patria cumplir la Constitución y las leyes, y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como miembro de la Honorable Corte Constitucional? … Si así lo hiciere Dios y la Patria lo premien, si no, Él y ella os lo demanden”.

Al país no solo se le olvidó que los magistrados responden a la patria, sino que también eliminó la posibilidad de que obren según su leal saber y entender y pretenden que obren según el leal saber y entender de otros. Y con independencia de las discusiones sobre el juramento, este se hace por Dios y no por los Santos: ¡Ni por Juan Manuel, ni por Francisco! 

Lo más grave de todo esto es que, en medio de un país que transita de un conflicto armado hacia la paz, no aspiremos a que nuestros jueces sean excelentes juristas, independientes y especialmente incorruptibles, sino que nuestras aspiraciones sean más bien naturalmente corruptas. Porque las cosas hay que llamarlas como son. Una presión a un juez para que decida en determinado sentido es corrupta, y no hace falta usar las armas para que así lo sea ¡Y después nos quejamos de la falta de legitimidad de nuestras instituciones!

Quienes, por ejemplo, le reclamaron al magistrado Bernal su voto en la sentencia del ‘Fast Track’, confirmaron que en Colombia hace falta mucho camino para que verdaderamente exista lo que esa sentencia justamente intenta proteger: la separación de poderes.

Más sorpresivo aún fue que algunos se atrevieran a reclamarle a la magistrada Cristina Pardo por declararse impedida para votar la misma sentencia. Uno puede estar de acuerdo o no con la decisión, pero pensar genuinamente que el sentido del fallo era un hecho, por haber puesto una etiqueta en cada magistrado, es darle la razón a quienes pensaron que el Gobierno no quería verdaderamente un control sobre las normas de implementación, sino simplemente imponer su voluntad. Y esto es, a mi parecer, enormemente grave y peligroso.

Por supuesto que también es peligroso que a través de las normas de implementación exista una renegociación del Acuerdo de Paz, pero la manera de salvaguardar el Acuerdo no es acusando a los magistrados que hacen su tarea. La manera de salvaguardar el Acuerdo es fortalecer su legitimidad. Convencer a los ciudadanos en debates y deliberaciones democráticas que lo que se ha acordado es verdaderamente bueno y necesario para el país. Como también lo es el tener cortes independientes y sistemas electorales transparentes. ¿No es eso lo que pretende fortalecer justamente el Acuerdo?

Y la historia se repite ahora con el nombramiento de la magistrada Diana Fajardo. Increíble que, por cuenta de la imprudencia de un congresista, haya tenido que enfocar su campaña, no en sus capacidades, sino en defenderse de acusaciones que la tildaban de ser la candidata de las Farc, y que la acusaban de sesgos políticos, sin estar aún siquiera sentada en su Despacho.

¡Dejemos de presionar a nuestros jueces! ¡Dejémosles hacer bien su trabajo! Y concentrémonos en hacer bien y correctamente el nuestro aportando desde cada labor -por pequeña o grande que sea-, a construir la Colombia de 2020.