viernes, 23 de abril de 2021
La franquicia es un contrato que es muy importante para el desarrollo empresarial y la dinamización de la economía. En el caso colombiano, puede ser una herramienta para que inversionistas extranjeros abran mercados fácilmente sin incurrir en grandes costos.
Así mismo, permite que empresas locales inicien nuevos negocios mitigando riesgos pues cuentan con el respaldo de empresas con experiencia y reconocimiento.
Por todo lo anterior, vale la pena preguntarse si es conveniente regular este contrato o si, por el contrario, su regulación puede afectar su utilidad empresarial.
La ley de emprendimiento estableció que el Gobierno reglamentará las condiciones técnicas que permitan definir el contrato de franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidad de las partes, esto con la finalidad de promover la franquicia como una alternativa para el emprendimiento. La delegación de regulación otorgada al Gobierno por medio de la ley de emprendimiento tiene ciertos cuestionamientos constitucionales y legales. Sin embargo, en este artículo se revisará la conveniencia empresarial y legal más que las cuestiones de índole constitucional.
La conveniencia de la regulación de la franquicia es discutible. Si bien en Colombia la franquicia no cuenta con una regulación ni con un gran desarrollo jurisprudencial, nuestro ordenamiento jurídico sí cuenta con principios generales como la buena fe y el abuso del derecho, que permiten resolver las controversias que puedan surgir entre las partes, sin necesidad de acudir a reglas específicas. Así mismo, las partes del contrato de franquicia, en desarrollo de la voluntad privada, pueden regular los aspectos esenciales del negocio.
Ahora bien, países como Estados Unidos y Francia han regulado la franquicia, específicamente en aspectos como la información que debe señalar la empresa franquiciada al franquiciante antes de celebrar el contrato y en las obligaciones mínimas que deben incluir los contratos de franquicia. Estas regulaciones han sido implementadas con el objetivo de evitar abusos en la relación contractual y lograr que las partes lleguen a un consenso.
En este sentido, una regulación del contrato de franquicia en Colombia puede ser conveniente siempre y cuando se señalen aspectos puntuales como la información mínima que deben suministrar las partes para equilibrar la relación contractual y los elementos que debe incluir el contrato franquicia para así diferenciarlo de otros contratos.
En cualquier caso, la reglamentación de la franquicia debe ser realizada de manera cuidadosa, pues si por medio de esta regulación se imponen cargas innecesarias como la obligación de registrar las franquicias, se podría desincentivar este tipo de inversiones en el país, siendo el efecto contrario a lo que busca la ley de emprendimiento.
En conclusión, si bien la regulación del contrato de franquicia puede ser conveniente si se limita a señalar estándares mínimos para equilibrar la relación de las partes y así generar seguridad jurídica a los inversionistas. Es importante tener en cuenta que además de los cuestionamientos constitucionales, sería problemático que el Gobierno Nacional reglamente el contrato de franquicia pues son las partes quienes realmente conocen el objeto y las necesidades de cada negocio y, por ende, son ellas quienes deben determinar, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada, las reglas de su relación comercial.
