viernes, 11 de octubre de 2019
Aprendizaje es la palabra que hoy en día mejor representa el estatus de la industria del cannabis en Colombia. Durante los últimos tres años, se han presentado varios avances en relación con el otorgamiento y uso de las licencias y registros de cannabis.
Al 30 de julio de 2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho había otorgado 139 licencias para cultivo de cannabis no psicoactivo (tetrahidrocannabinol (THC) inferior a 1%); 89 licencias para cultivo de cannabis psicoactivo (THC igual o superior al 1%); y 30 licencias para uso de semillas para siembra. Por su parte, al 2 de agosto de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social había otorgado 122 licencias para la fabricación de derivados de cannabis psicoactivos.
Con el tiempo, se espera que las operaciones de los licenciatarios sigan avanzando en todas las facetas, incrementando el número de semillas registradas, los cultivos comerciales, la producción de derivados, la elaboración de productos a base de dichos derivados y finalmente, la comercialización de los mismos.
Ahora bien, los resultados mencionados se han visto impactados tanto por los problemas prácticos que hoy en día enfrenta la industria, como con la incertidumbre derivada de un eventual cambio en las reglas de juego que pueden incluir requisitos adicionales al proceso de obtención y desarrollo de las licencias.
Por un lado, la demora en los trámites de evaluación de solicitudes de licencias y el otorgamiento de las mismas y los cupos requeridos, afectan las proyecciones de los inversionistas para iniciar sus operaciones y recibir los retornos financieros esperados.
Asimismo, las restricciones que existen en Estados Unidos para el sector bancario en materia de cannabis impactan directamente a la mayoría de los establecimientos bancarios con presencia en nuestro país. En consecuencia, las compañías han visto limitado el acceso a apertura de cuentas bancarias y los servicios de giro y recibo de divisas.
Por otro lado, el país está a la expectativa de que el Gobierno publique las modificaciones anunciadas al Decreto 613 de 2017 y así disminuyan las especulaciones sobre si dichos cambios afectarán positiva o negativamente al desarrollo de la industria. Bajo dicha propuesta de modificación, requisitos adicionales para obtener las licencias también fueron incluidos.
Uno de ellos exigiría al solicitante, obtener el certificado que emite el Ministerio del Interior sobre la existencia o no de comunidades étnicas en el inmueble escogido para desarrollar las actividades de la licencia. De ser necesario, se tendrá que realizar una consulta previa, la cual impactaría de forma importante los tiempos para iniciar el desarrollo de los proyectos. Basados en los antecedentes ocurridos en el sector extractivo, esta modificación, en caso de un uso abusivo, puede acarrear serios perjuicios para el desarrollo de este sector y en esa medida consideramos inconveniente este eventual cambio.
Adicionalmente, el proyecto de modificación también requeriría la obtención de una licencia específica e independiente para fabricar derivados de cannabis no psicoactivos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de vigencia del nuevo decreto.
Los avances hasta la fecha demuestran que el marco normativo de cannabis para uso médico y científico ha funcionado. Sin embargo, los retos prueban que el mismo necesita fortalecerse para permitir la consolidación tanto de la inversión como del desarrollo efectivo del negocio.
