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Colprensa viernes, 19 de abril de 2019

La directora de Medicina Legal, Claudia García Fino, habló sobre el trabajo que viene adelantando la entidad

Más de 300 personas necesita en este momento el Instituto Nacional de Medicina Legal para implementar funciones dadas únicamente para el proceso de posconflicto. Así lo confirmó la directora de la entidad forense, Claudia García Fino.

En diálogo con Colprensa, la directora del organismo aseguró que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha entregado los recursos que serán destinados para esa labor una vez se firmó el acuerdo final de paz.

“No nos han dado más recursos. El Instituto tiene un apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, también tiene una función en el apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y desde la dirección anterior el doctor (Carlos) Valdés solicitó los recursos, pasó los proyectos de inversión y le fueron aprobados, pero ahora tiene cero pesos”, dijo la directora.

García Fino confirmó que la labor del Instituto y de la Unidad de Búsqueda así como con la JEP ya empezó, pero lo que han hecho hasta el momento es costear estas acciones con los mismos recursos de la entidad.

“Los recursos del Instituto siguen siendo los mismos con las disminuciones propias que el Estado le da a todas las instituciones y por supuesto no hemos recibido recursos adicionales como lo dice el decreto 589 que dice el Gobierno fortalecerá en infraestructura, talento físico y humano al instituto para apoyar el soporte técnico-científico de la Unidad de Búsqueda”, precisó.

Como bien lo expresó en su momento el exdirector Carlos Valdés, la preocupación del órgano forense se da por cuenta de la carencia de recursos. Situación que no es ajena a la nueva administración.

“Seguimos en la misma política del doctor Valdés de solicitarlos porque efectivamente sí los requerimos. Nosotros seguimos dando apoyo con lo que tenemos pero eso implica cada vez distribuir más el recurso”, dijo García Fino.

Lo que le preocupa a la nueva directora es que en un futuro el proceso de posconflicto desde la labor de Medicina Legal se vea afectado. “Por ahora estamos trabajando con nuestros propios recursos. Tratando de ser los mejores administradores”.

García Fino expresó que una vez se firmó el acuerdo de paz se planteó la contratación de 153 funcionarios que estarían destinados para laborar con la Unidad de Búsqueda y 173 para la JEP. En cuanto a la parte técnica, la directora dijo que se habló de un laboratorio único de genética para el posconflicto que oscilaba en $6.000 millones.

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