Emilio José Archila Peñalosa Sábado, 3 de diciembre de 2016

Determinó la corporación que, en el caso concreto, no se cumplieron los requisitos de la acción de repetición ya que no quedó demostrado el pago, toda vez que no constituye prueba de ello la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen, tales como recibos, certificaciones y demás documentos relacionados.

En desarrollo de la sentencia, estudió la Sección la evolución de la regulación nacional relativa a la acción de repetición, con particular detenimiento, claro está, en las disposiciones incorporadas a través de la ley 678 de 2001, tanto en sus aspectos sustanciales (objeto, finalidad, deber de su ejercicio, sus especificidades, entre otros), como procesales.

Continúa recordando los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, cuya prosperidad se sujeta al cumplimiento de requisitos como (i) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; (ii) su pago efectivo; (iii) que la demanda se haya interpuesto en tiempo; iv) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; (v) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y (vi) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica.  

Es precisamente sobre el segundo de dichos requisitos que recayó el problema jurídico determinante para el sentido del fallo. Se determinó finalmente que no se demostró el pago de la condena por la cual se demandó en repetición. Para ello, en aplicación del precedente judicial, recurrió a lo establecido de manera reiterada por la jurisprudencia de la misma Sección respecto de las exigencias para que se entienda acreditado tal pago por parte de la entidad demandante.

De la línea jurisprudencial repasada en el fallo se concluye que no basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación. 

Esto impone una carga al deudor que quiera iniciar una acción de repetición, carga que en nuestra opinión no parece desproporcionada, ya que el deudor solo será titular de la acción de repetición cuando efectivamente se haya cumplido la obligación, antes no hay fundamento para iniciar la acción, es un deber de diligencia y de seguimiento por parte del deudor hasta que el beneficiario de su recibo a satisfacción. 

Para el caso bajo estudio, señaló la corporación que no existía certeza de que en realidad se hubiese llevado a cabo consignación alguna, toda vez que el documento elaborado por la misma entidad demandante no estaba suscrito por el beneficiario.

Queda entonces sentada la advertencia en este aspecto, para la atención por parte de las entidades a la hora de iniciar una acción de repetición ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues son claras las implicaciones que de su observancia se derivan para la protección de los recursos públicos.