• Juliana Ramírez Prado

miércoles, 18 de febrero de 2015

El inventario preliminar muestra activos por $516.837 millones y si bien la cifra sobrepasa  los $350.000 millones que se le adeuda a los 1.028 afectados reconocidos, más de 50% de los recursos ($281.698 millones) son de difícil recuperación.

El abogado Alejandro Revollo,  designado por la Supersociedades como liquidador, explica que “se trata de deudas registradas en los estados financieros por concepto de cuentas por cobrar, que en su mayoría obedecen a préstamos efectuados entre socios, entidades intervenidas, en liquidación voluntaria  y especialmente entre compañías vinculadas que datan de años atrás”.

El resto de los activos que se reducirán a recursos líquidos,  se dividen entre bienes inmuebles ($109.720 millones), bienes muebles ($752 millones) e inversiones ($124.666 millones).

Por ejemplo, Torres Opal USA Corporation S.A.S. tiene tres activos. Dos en Bogotá con un avalúo comercial del porcentaje intervenido de 50%, por $507 millones y otro 50%, $35,8 millones. La otra propiedad ubicada en Villavicencio tiene un valor de $2.839 millones.

En el caso de Compañía Colombiana de Capitales los dos activos situados en el norte de la capital del país tienen un valor de $140,4 millones y $247,9 millones.

Rentafolio Bursátil y Financiero S.A., Premium Capital Individual Portafolio Fund BV, Valores Incorporados, Helados Modernos S.A., Malta S.A.,  Las Tres Palmas Ltda, Archie’s, Hotel Santa Clara, Millonarios Fútbol Club y Fabricato serían  otras  de las firmas a las cuales entrarían a regir la decisión expedida por la Delegatura para procedimientos de Insolvencia.

Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, manifestó  que la entidad le ordenó a  Revollo tener dentro de los dos meses siguientes el inventario total de las 59 intervenciones.

Deberá preparar el proyecto de graduación y calificación de créditos para  que una vez aprobado se proceda al trámite de enajenación de activos y liquidación.

Reyes agregó que dentro del proceso de intervención los acreedores que aún no han sido reconocidos tendrán la posibilidad de hacer parte del proceso y, como indica la ley, se priorizará con los primeros recursos el pago de créditos de los afectados.

“Existe la posibilidad de que los activos sean insuficientes para reparar alas víctimas a pesar de que el liquidador está haciendo todo lo posible para conseguir la mayor cantidad de recursos”, dijo Reyes.

Demoras en el proceso

A lo largo del proceso se han presentado gran cantidad de recursos ya sea de exclusión, nulidad o de reposición sobre las distintas determinaciones,  lo cual naturalmente tiende a dilatar los trámites de la Superintendencia de Sociedades, para cuyo efecto la Delegatura para Insolvencia  decidió desestimar rápidamente aquellos recursos que no cuenten con la documentación adecuada, sin desconocer que se debe garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los implicados, aseguró Reyes.          

Antecedentes

Durante el proceso, Alejandro Revollo, en calidad de interventor, adelantó conversaciones con  Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado, con el fin de encontrar fórmulas de arreglo que pudieran resarcir a los inversionistas. Sin embargo, en la sesión de asamblea de acreedores que se llevó a cabo el 25 de junio de 2014, 99,15% de los afectados que asistieron (635 inversionistas, lo que representó un quórum de 59,55%)  se mostraron en desacuerdo con las propuestas de los intervenidos. A la fecha, se ha logrado recuperar y devolver  a los afectados $18.100 millones, según el auto del 19 de diciembre de 2013 y del 18 de julio de 2014.

Las opiniones

Francisco Reyes
Superintendente de Sociedades
“Nuestro deber es hacer lo posible para que la recuperación alcance el mayor monto. No sería responsable de mi parte decir cuánto dinero se va a recuperar pues sería una irresponsabilidad frente a las víctimas que están atravesando situaciones complejas”.

Alejandro Revollo
Interventor y liquidador del Fondo Premium
“La Superintendencia de Sociedades le ordenó a  Revollo que debe tener dentro de los dos meses siguientes el inventario total de las 59 intervenciones. Así mismo, deberá preparar el proyecto de graduación y calificación de créditos para que una vez aprobado se continúe con el trámite”.