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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co viernes, 13 de mayo de 2016

También lo reconoció Iván Márquez, el jefe negociador de la guerrilla: “siendo nosotros una institución de palabra, a la luz de las normas internacionales y el Derecho Internacional Humanitario, ya nos rige lo acordado como nos regirá la firma del acuerdo final porque nuestra rúbrica es un sello vital de compromiso histórico y un legado incontrovertible para las nuevas generaciones de cómo se deben asumir las obligaciones ante el altar de la Patria”.

Lo importante, es que en esta etapa, la guerrilla reconoce la institucionalidad y los mecanismos legales para blindar los acuerdos de paz y se ve cercano el fin del conflicto. 

De acuerdo con el constitucionalista Alfredo Beltrán, el pacto implica la inclusión de los acuerdos en “la reforma que se está tramitando y a esto se le agregaría como exposición transitoria la de incorporar los acuerdos especiales con el acuerdo final”.

“Esto está conforme con la constitución y además los convenios especiales no adquieren la categoría de tratados públicos, sino son convenios especiales que se celebran entre el estado colombiano y un grupo insurgente para ponerle fin a un conflicto armado”, afirmó. “Serán incorporados a la legislación ordinaria con una ley aprobatoria y eso sería objeto de control constitucional”, explicó Beltrán.

A estas alturas y después de tres años de negociaciones están pendientes dos puntos de la agenda inicial convenida entre las partes: el fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación.

El  presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, dijo que no estaba “de acuerdo con la tesis de que es un golpe de estado a la democracia, pues todo está subordinado a que el Congreso lo apruebe y al análisis de la Corte Constitucional”. Todo se hace con varios implícitos relevantes: “la primera palabra la tiene la mesa; la segunda, el Congreso; la tercera, la Corte; la cuarta,  las instancias internacionales, y la quinta, el pueblo”.

Al acuerdo le salieron detractores relevantes como el senador Álvaro Uribe y el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. 

“Invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de Derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden”, dijo Ordóñez, quien también arremetió contra el mandatario  “es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo”.

Las opiniones

Camilo González
Presidente de Indepaz

“Lo pactado con las Farc supone que el Acuerdo Especial surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular”. 

Alejandro Ordóñez
Procurador General de la Nación

“Lo que se pactó, al contrario de lo que se dice, está dentro de la Constitución. La primera palabra la tiene la mesa; la segunda, el Congreso; la tercera, la Corte; la cuarta, la instancia internacional, y el pueblo”.

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