Según la Aerocivil, la investigación se da por “por la responsabilidad que tienen los explotadores de aeropuertos en materia de seguridad en sus áreas o instalaciones propias arrendadas”.
Adicional a eso, la entidad indicó que “el explotador debe contar con un plan de seguridad para el control de áreas de seguridad restringidas sobre los empleados, contratistas, tripulaciones, pasajeros, vehículos y el procedimiento que aplica en estos, situación que tendrá que demostrar en la instancia administrativa”.
De encontrarse culpable, el concesionario deberá pagar una sanción de $110 millones.
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