La República

David Jáuregui Sarmiento - djauregui@larepublica.com.co Lunes, 5 de marzo de 2018

Entidades advierten que de no hacerse la vida y la salud de los afiliados a la EPS corren riesgos

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Andje, y Luis Fernando Cruz Araújo, Superintendente de Salud, advirtieron esta mañana sobre los peligros para la salud y la vida de 210.000 afiliados de la entidad promotora de salud indígena Manexka, que están siendo atendidos por otras EPS pero que podrían volver por orden de un estrado judicial tendrán que ser reintegrados a la EPS indígena.

“La Andje ha participado desde el inicio con la intervención y liquidación a la EPS Manexka, ha presentado una serie de argumentos respaldando la decisión de la Supersalud, pero lamentablemente no han sido evaluados por parte de las autoridades judiciales, y por lo mismo procedimos a solicitarle a la Corte Constitucional la revisión de la tutela, en Noviembre y, fue efectivamente seleccionada por la Corte, por la importancia del criterio de lucha contra la corrupción. Los términos en la Corte están suspendidos, relacionado con la revisión de la revisión de los actos legislativos del fast track, pero esto no da espera”, afirmó Vélez.

Vélez agregó: “estos 210.000 afiliados en este momento están atendidos por otras EPS, pero deben ser re transaladados a Manexka, a pesar de que algnos están incursos en tratamientos de diferente clase que no pueden ser suspendidos, pero además, creemos que dentro de esa población, hay un porcentaje importante de menores de edad que también tendrían que ser llevados a Manexka, que no cuenta con la capacidad para prestar adecuadamente este servicio adecuadamente”.

El director de la Andje, además, hizo un llamado a las autoridades a que revisen rápidamente esa tutela pero solicitó que se haga rápidamente, por la orden de desacato contra el supersalud, para re trasladar los afiliados a manexka, pero también por su preocupación por la salud de los pacientes de la EPS Manexka.

Vale la pena recordar que la Corte Constitucional admitió en noviembre de 2017 un recurso presentado por la Superintendencia Nacional de Salud para intentar revocar las medidas judiciales que obligaron a ese ente de control a devolver los activos y reabrir la EPS indígena Manexka pues, según la entidad, a través de una auditoría forense se evidenció defraudación a los recursos del sistema general de seguridad social en salud, con la que se puso en riesgo a los afiliados de esa EPS.

Según Supersalud el déficit de Manexka, según lo pudo establecer la SuperSalud, supera los $5.316 millones, y la EPS indígena no cumplía con los requerimientos establecidos en la normatividad, así como presenta un defecto en la constitución de su patrimonio mínimo por un valor de $8.374 millones.

Por estos hechos, el 28 de marzo de 2017 la Supersalud ordenó la toma de posesión inmediata y liquidación de la entidad, pero el 14 de junio siguiente el Tribunal Administrativo de Córdoba reversó la desición de la entidad de control de la prestación del servicio de salud, y ordenó devolver los bienes, haberes y negocios a la Empresa Prestadora de Salud, Manexka.

Por no acatar la instrucción de regresar más de 210.000 afiliados de la EPS indígena Manexka luego de reversar su liquidación, el exsuperintendente de salud,  Norman Julio Muñóz, que también se vio envuelto en una polémica por los problemas de la EPS Medimás, el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería ordenó a finales de agosto cinco días de arresto y una multa que asciende a los 15 salarios mínimos contra él.

Por su parte, Cruz Araújo también manifestó que aunque hay quejas por parte de afiliados contra la EPS y su petición de no regresar a ella, también tendrían que ser reintegrados a Manexka, lo que atenta contra el derecho a la salud y la vida de la población que pertenece a la prestadora de salud indígena.

De la misma forma, el supersalud resaltó que en este momento los 210.000 afiliados están en otras EPS como Nueva EPS que sí pueden garantizar la prestación efectiva del servicio, pero si la Corte Constitucional no emite medidas cautelares, se podría enfrentar una crisis humanitaria por la desprotección en la salud de los afiliados al volver a la EPS Manexka.