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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co viernes, 11 de enero de 2013

Con pólizas ineficaces o insuficientes se están cubriendo en algunos casos los riesgos que pueden afectar el patrimonio público, alertó la Contraloría General de la República, que ha detectado dificultades en el pago que las compañías de seguros deben hacer por siniestros que afectaron entidades estatales.

Debido a esto, la entidad envió un Control de Advertencia al superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa.

La contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, consideró que “seguir ofertando en el mercado, productos que no corresponden a mecanismos efectivos para cubrir los riesgos y por ende los sinistros que se lleguen a presentar, puede constituirse en enriquecimiento sin justa causa y en detrimento del patrimonio público”.

Según la Contraloría, se ha evidenciado la existencia de productos que no responden a las necesidades propias que permitan cubrir los riesgos en que está incurso el Estado y su patrimonio.

Esto porque la suma asegurada no es la adecuada, o los plazos de amparo no son suficientes, o las excepciones pactadas para el no pago hacen que a la postre la garantía que el Estado esperaba para si no responda ni al diseño ni a la voluntad contractual de contratista y aseguradora, quedando el Estado o sus bienes desamparados pese a la contratación de una garantía que de antemano habría podido preverse como no efectiva, inservible o insuficiente.

Según documentos de la entidad de vigilancia y control, algunos casos de conocimiento público han sido el de las pólizas expedidas para amparar las solicitudes de devolución de IVA que se presentan ante la Dian, las pólizas relacionadas con proyectos financiados para la construcción de viviendas rurales de interés social, las pólizas para amparar operaciones en la Bolsa Mercantil y las pólizas para amparar incumplimientos en contratatos de concesión, entre otros.

“En los casos señalados existen deficiencias importantes en relación con las características de las pólizas de seguros, tanto en cobertura como en el alcance respecto de los riesgos y obligaciones que deben amparar”.

La Contraloría encontró que las compañías aseguradoras han generado líneas de negocio que no se compadecen con la finalidad y el objetivo que la legislación previó para ellos, ni con la confianza que el público en general, ha depositado en el sector asegurador. “No tiene razón de ser la expedición y venta de un producto que en nada contribuye a la protección de los recursos públicos y a amparar los perjuicios que se deriven de los incumplimientos contractuales o de las solicitudes improcedentes de los contribuyentes”, señaló la contralora Sandra Morelli Rico.

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