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guillermo cáez gómez martes, 26 de marzo de 2013

Sin duda las decisiones tomadas en éste gobierno en algunos casos han sido criticadas; pero hoy es el día para levantarse de la silla y dar una ovación al Presidente Juan Manuel Santos por su apuesta a futuro, la misma se da con la expedición del Decreto 0074 de 2013, que da un merecido trato igualitario a los confeccionistas Colombianos, frente a los importadores de prendas terminadas.

Esta iniciativa fue presentada por la Cámara Colombiana de Confección y Afines (CCCyA), en el marco del evento llamado Tejiendo a Colombia celebrado el 28 de noviembre de 2012. Con la puesta en marcha de este Decreto, se crea un arancel mixto, es decir Ad Valorem del 15% (según el valor declarado por el importador), más 5 dólares por cada kilogramo bruto de prendas de vestir terminadas que se importan al país; sin grabar las materias primas como las fibras, los hilos o los textiles, por lo que las voces que se oponen a los beneficios que se generan con esta reglamentación, quedan sin un argumento de discusión. Ahora bien, la apuesta no solo es de una vía, por obvias razones el apoyo a esta industria deviene en un soporte sin restricciones a la sostenibilidad del empleo en el sector, que entre otras tiene en sus filas cerca de 370.000 empleos creados; pero las bondades en esta área ya se empiezan a notar, ya que según las cifras que se conocen, a veinte días de la entrada en vigor del Decreto se han creado 1.500 nuevos puestos de trabajo, permitiendo que miles de familias cuenten con un sustento en condiciones dignas de trabajo.

Con esta medida de tercera vía que ha dado el gobierno, se le da la mano a un gremio para que compita sobre principios de igualdad, pero con las innegables e irrefutables cifras de empleos creados, no solo se está garantizando el derecho al trabajo en un estado social de derecho, sino que como consecuencia lógica se da un estímulo al consumo, efecto económico que lleva a que la economía se dinamice. Ahora bien, es cierto que el arancel genera costos adicionales para los importadores, pero es claro que el objetivo es combatir a los importadores ilegales, que subfacturan sus productos y que con una arancel ad valorem se reían detrás de la puerta tanto del sector confeccionista, como del mismo gobierno quien era cómplice silencioso de este flagelo, y que también golpea a quienes importan ajustados a la normatividad.

Sin lugar a equivocaciones, además de todo lo anterior, con esta regulación se cumple con un deber Constitucional derivado del Artículo 333 de la carta política, el cual busca garantizar la libertad de empresa y la iniciativa privada, además de un marco de competencia claro y adecuado para este mercado.

Pero esta apuesta a futuro no puede quedarse solo en este Decreto, esta debe ser una política de Estado, en donde las distintas ramas del poder público se unan en pro de una causa; por lo que desde esta columna se hace un llamado de urgencia al Fiscal General de la Nación el Doctor Eduardo Montealegre, para que investigue a estos subfacturadores, los mismos que en la lista de la DIAN ocupan los honrosos primeros lugares como los mayores importadores del prendas terminadas en el país, exceptuando las marcas reconocidas (quienes no son los primeros curiosamente), toda vez que posiblemente estemos ante un fenómeno de lavado de activos, que está pasando de agache o quienes ya lo identificaron se hacen los de la vista gorda o conocen muy bien qué clase de personas están detrás y por temor a las represalias deciden guardar silencio.

Así que si nadie denuncia Señor Fiscal, le pido que tome este espacio como referente para que de oficio se dé inicio a una exhaustiva, rigurosa y eficiente investigación que determine si estos indicios son ciertos.

 

 

 

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