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Teresita Celis - tcelils@larepublica.com.co miércoles, 31 de julio de 2013

La decisión de la Sala Disciplinaria de la Judicatura seccional Cundinamarca, de ordenar 14 días de arresto al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por el desacato a siete fallos de tutela, puso sobre la mesa un nuevo debate sobre el alcance de estas acciones judiciales y las detenciones de los funcionarios públicos por no cumplirlas.

El mismo Cárdenas dijo ayer que debería revisarse el tema de la privación de la libertad por tutelas, porque a su juicio los funcionarios están “amenazados” permanentemente por dichos fallos. El caso que tiene al Ministro a un paso del arresto tiene que ver con pagos a extrabajadores del hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil en Bogotá. La tutela ordenaba al Minhacienda asumir el pago de acreencias laborales de siete enfermeras y según la Sala Disciplinaria, dicha cancelación se realizó sólo entre 2009 y 2011, “porque el Ministerio renunció al cumplimiento de las sentencias”. Cada fallo incumplido le dio a Cárdenas dos días de arresto.

La magistrada ponente Paulina Canosa dijo que “se encuentra muy clara la actitud dolosa de desacatar”, por lo que “obliga a aplicar la severidad de la Ley”.  Precisamente, la aplicación de la ley es lo que tiene divididos los conceptos de los abogados frente al alcance de las tutelas.  

El abogado especializado en derecho contractual, Julián Camilo Cruz, señala que con el arresto por desacato de tutelas, lo que busca el decreto 2591 de 1991, es que los funcionarios no dejen en el “aire” los fallos, porque es un derecho fundamental que está afectado. Por ello deben acatar estas decisiones judiciales.  “Una acción de esta índole busca proteger al máximo este tipo de derechos fundamentales (pagos salariales)”, agregó. Frente a la opinión de Cárdenas, que se debería revisar el tema de las detenciones, Cruz, indicó que “no sería sano para el Estado de Derecho que se modifique la sanción que es la que realmente tiene a los funcionarios contestando tutelas. De lo contrario, es claro que si no acatan los fallos aún con una privación de la libertad, mucho menos lo harían si no existiera la sanción. Sería un saludo a la bandera”.

El abogado  Francisco Bernate, señaló que si bien no discute que los fallos de tutela deben cumplirse, considera que el tema de los arrestos se ha convertido en un abuso y en su concepto no se mira si se cumplen o no.

En ese término, Bernate está de acuerdo con el Ministro, en que debe revisarse ese alcance para evitar lo que él considera abusos con funcionarios públicos. Cárdenas argumentó  que  en el caso de las tutelas de las enfermeras se están presentando las apelaciones, cumpliendo el debido proceso para buscar la protección de los recursos del Estado y evitar que se hagan pagos que no correspondan. El Ministro anunció que apelará la decisión.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dijo que ha destinado más de $190.000 millones en total para pagar el pasivo salarial, prestacional y pensional de la Fundación San Juan de Dios en Liquidación.

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