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viernes, 5 de octubre de 2012

Dos diferencias respecto a las tendencias de las legislaturas anteriores merecen ser resaltadas, según un informe realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia.

En primer lugar, aumentaron los proyectos archivados en los debates, en contraposición a la falta de trámite como causal casi absoluta del archivo de proyectos durante los periodos precedentes.

En segundo lugar, se incrementó el número de proyectos que continúan su trámite en la próxima legislatura, puesto que resultaron efectivamente debatidos durante este periodo, sin haber culminado su proceso de aprobación como leyes. “Estas diferencias denotan un papel más activo del Congreso durante la última legislatura, puesto que indican que se prestó más atención a los proyectos en materia penal y de justicia que fueron radicados”, dice el documento de la CEJ.

Para la Corporación, el archivo de un proyecto durante sus debates denota el producto de la deliberación y el análisis, actividades que no se ven reflejadas, por ejemplo, cuando los proyectos son archivados simplemente porque jamás se debatieron.

De los 87 proyectos presentados, el 71% fue de iniciativa parlamentaria y el 24% Gubernamental. De los 39 proyectos penales radicados, 30 fueron presentados por legisladores, ocho por el Gobierno a través de sus Ministros y uno por la anterior Fiscal General de la Nación; mientras que de los 26 de justicia, 18 fueron presentados por legisladores, cinco por el Gobierno, uno conjuntamente por legisladores y el Gobierno; y dos por el Consejo de Estado.

Lo que se espera
Estatuto de la abogacía: el Gobierno desde un mes antes del cierre de esta legislatura, anunció la preparación de una iniciativa legislativa para transformar el régimen del ejercicio de la abogacía. El propósito es desarrollar una normatividad coherente con la modernización de la profesión, que atienda a algunos lineamientos internacionales y que preste mayor atención al usuario.

Regulación del derecho fundamental de petición: el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció un nuevo régimen para el trámite del derecho fundamental de petición. Sin embargo, al revisar la norma, la Corte Constitucional declaró inexequible la totalidad de dicho título, bajo la consideración de que, al desarrollar un derecho fundamental, se debía regir bajo las normas que regulan las leyes estatutarias.

Reforma al régimen de jueces de paz: durante la legislatura 2010-2011, el Gobierno radicó el proyecto 248/2011 Senado, mediante el cual se pretendía establecer un nuevo régimen para los jueces de paz, que sustituyera el marco normativo actual contenido en la ley 497 de 1999. La iniciativa fue aprobada en primer debate durante dicho periodo, motivo por el cual continuó con su trámite durante la legislatura 2011-2012.

Reforma a la ley de justicia y paz: en septiembre de 2011, la Fiscalía, a través de Vivianne Morales Hoyos, presentó un proyecto de ley (096/11 -Cámara) que tenía el propósito de realizar algunos ajustes a la ley de justicia y paz que permitieran hacer más expedito el trámite de los casos de esta régimen de justicia transicional. Se encuentra pendiente de su último debate en el Senado.

Reforma al fuero militar: en la presente legislatura se tramitará la segunda vuelta del acto legislativo del fuero militar. El propósito de esa modificación debe ser el de trazar reglas que permitan diferenciar con claridad entre aquellas conductas que deben ser conocidas por la jurisdicción ordinaria y aquellas otras cuya investigación y juzgamiento deben quedar a cargo de los jueces penales militares.

Reformas al Código Penal: en la legislatura que empieza se esperan nuevas iniciativas de reforma normativa en materia penal; la mayoría de ellas orientas al aumento de penas y tipificación de nuevas conductas. Dentro de éstas seguramente se contarán otra vez los proyectos que pretenden la penalización del porte de armas blancas y de la conducción en estado de embriaguez que terminaron archivados en el pasado periodo legislativo; así como proyectos tendientes a endurecer las penas relacionadas con la violencia contra la mujer, como reacción al caso ocurrido con Rosa Elvira Cely.

Según la CEJ, se espera que en la legislatura 2012-2013 el Gobierno presente dos reformas estructurales para la administración de justicia. El nuevo Código Penitenciario y Carcelario; urgente y pertinente debido a la situación actual de hacinamiento carcelario, que para el mes de agosto registraba un 47%, y a las precarias condiciones en las que viven los internos, que han llevado a revueltas y huelgas de hambre en varios establecimientos de reclusión del país. Segundo, la regulación del acto legislativo 06 de 2011, que desmonopolizó la acción penal .

“Para este fin, el Ministerio de Justicia instaló una comisión de expertos que viene trabajando desde el mes de marzo en el diseño de la propuesta. Será conveniente que el producto que resulte de esta comisión sea socializado con los funcionarios del sistema judicial, litigantes y ONG de todas las regiones del país antes de que sea presentado en el Congreso, pues la revisión de varias miradas de la normatividad propuesta será la que permita blindar a esta regulación de vicios de inconstitucionalidad; así como evidenciar las dificultades que podrían presentarse en la implementación y que podrían significar el fracaso de la reforma”, dice la CEJ en su análisis.

Los aprobados
Reforma constitucional para la desmonopolización de la acción penal y delegación de la acusación de aforados: Los autores fueron Carlos Arturo Correa, Gustavo Hernán Puentes, Camilo Andrés Abril, Miguel Gómez Martínez, Carlos Germán Navas Talero, Hernando Alfonso Prada, Rubén Darío Rodríguez, Juan Carlos Salazar, Germán Varón Cotrino y Jorge Enrique Rozo. Se radicó el 27 de abril de 2011, Acto Legislativo 6 de 2011.

Modificaciones al Código Penal: fueron dos los cambios introducidos al Código Penal: la penalización de la discriminación racial y la modificación del carácter querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. El Autor fue la Bancada femenina del Congreso y se radicó el 9 de noviembre de 2011, Ley 1542 de 2012.

Marco jurídico para la paz: su autor fue Roy Barreras Montealegre, y se radicó el 12 de septiembre de 2011, Acto legislativo 1 de 2012. Se introdujo en el contexto interno el concepto internacional de “Justicia Transicional” concebido como el marco institucional necesario para garantizar el paso hacia la paz.

Código General del Proceso: el autor fue el ministro del Interior y de Justicia de la época, Germán Vargas Lleras. Se radicó el 29 de marzo de 2011, Ley 1564 de 2012. A este respecto, la Corporación manifestó que si bien no quedó regulado un único tipo de proceso, se alcanza una mayor simplicidad procesal por efecto de la mayor claridad, sencillez y coherencia entre los diferentes tipos de trámite. “Se trata de un régimen procesal razonable y proporcional en materia de ritualidad procesal que se sustenta en la prevalencia del derecho sustancial”.

Estatuto del consumidor: sus autores furon Simón Gaviria Muñoz, Juan Manuel Galán Pachón, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Karime Mota y Morad, Bernardo Miguel Elías Vidal, Nicolás Antonio Jiménez Paternina. Se radicó el 9 de septiembre de 2010, Ley 1480 de 2012.

Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional: su autor fue Germán Vargas Lleras.Se radicó el 26 de julio de 2011, Ley 1563 de 2012. Según la CEJ, en lo que respecta al arbitraje internacional, la adopción de las normas de Uncitral permite acoger los estándares internacionales sobre el arbitraje, lo cual previene inconsistencias entre las disposiciones generales aceptadas a nivel internacional en otras jurisdicciones. Ello contribuye a un mejor clima en los negocios y a la globalización de la economía Colombiana.

El archivado
Reforma constitucional a la justicia: su autor fue Germán Vargas Lleras,se radicó el 5 de agosto de 2012. Fue objetado por el Presidente y archivado en sesiones extraordinarias el 28 de junio de 2012.

Las opiniones

Gloria Borrero
Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia

Esta iniciativa se desarrolla a través de dos actividades principales, el análisis y pronunciamientos sobre proyectos de especial importancia para la administración de justicia; y la elaboración de informes de balance de las legislaturas, que presenten una caracterización sobre las iniciativas.

Julio José Orozco
Abogado Comercialista

Salieron leyes muy importantes, pero el Congreso borró con el hombro lo que mal escribió con el codo, después de haber sensatamente agendado con la mano la reforma a la justicia. El papel del Congreso en la pasada legislatura no fue el esperado.

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