Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co Lunes, 9 de febrero de 2015

Con la figura de ‘Contrato de Anticipos de Flujos Futuros’, BCI Empresas S.A.S (propietaria de los establecimientos Anticipos Express) realizaba préstamos a los colombianos, cobraba sus salarios y recaudaba por ello intereses usureros, razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió imponer la máxima sanción de $1.288 millones.

Al ser en realidad un contrato de mutuo acuerdo o préstamo de dinero, la SIC pudo determinar que a los consumidores que acudían a BCI Empresas, en cabeza de Matthew Cordis y Eric Brown, para solicitar un préstamo de dinero, con un plazo menor de 15 días, se les llegaba a cobrar intereses que superaban 17,6 veces los intereses legales permitidos. Mientras con un plazo de pago que no superaba los 30 días cobraba intereses 10,86 veces más altos.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio dijo que se evidenció un caso extremo en el que de un préstamo con plazo de un día tasa cobrada podría haber superando en 250 veces la tasa máxima legal permitida.

“Es la primera vez que sancionamos este tipo de negocio y declaramos ilegal esta actividad, pues los salarios en Colombia pueden servir como garantía de pago de obligaciones de préstamos de dinero sometidos a los límites de las tasas de interés pero no pueden ser sometidos a compra y venta de acuerdo al Código Sustanttivo del Trabajo y la usura atenta contra los ingresos de los colombianos menos favorecidos y los atrapa en el circulo vicioso de la pobreza”, afirmó Robledo.

La sanción fue impuesta en primera instancia y proceden los recursos de reposición y de apelación ante la misma entidad de vigilancia.

Adicional a la sanción pecuniaria y la suspensión de la actividad empresarial, la SIC ordenó a BCI Empresas, que operaba desde hace dos años y que cuenta con seis sedes en Bogotá y y dos en Medellín, la devolución a sus clientes el doble de los intereses cobrados en exceso. “Desde que la Superindustria adquirió competencias para proteger al consumidor que solicita préstamos de dinero a entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera (abril de 2012), es la primera vez que la entidad, además de imponer la multa máxima permitida, ordena hacer esta devolución de dineros en favor de los consumidores afectados”, explicó Robledo.

El bloqueo de las cuentas bancarias, el congelamiento de recursos y la prohibición de celebrar transacciones con dichos recursos, están también en las medidas. En su condición de representantes legales e inversionistas, dos ciudadanos estadounidenses estarían vinculados al proceso, por lo que la SIC ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue el delito de usura en que habrían incurrido Matthew Cordis y Eric Brown y que está previsto en el artículo 305 del Código Penal Colombiano contemplando prisión de cuatro a diez años.

Para el excodirector del Banco de la República Juan Mario Laserna “esta es una práctica ilegal que se aprovecha de los más pobres y es muy importante esta acción de la Superintendencia”.

Laserna considera que “como el sistema bancario es tan rígido la gente prefiere irse a este tipo de empresas aunque les salga más caro”. Agregó que para la inclusión financiera se tendría que quitar la tasa de usura porque esta hace que muchas personas no tengan acceso al crédito bancario por el riesgo.

En su ofensiva contra prestamistas usureros, la SIC anunció la existencia de otras seis investigaciones a empresas prestamistas que estarían abusando de los colombianos con bajo nivel de ingreso, necesidades de crédito y nula capacidad de ahorro.

“Para las autoridades como los somos la Superindustria y Superfinanciera este tipo de empresas formales son perseguibles, investigables y sancionables. Respecto a los prestamos gota a gota debido a su informalidad y clandestinidad la forma más eficaz de perseguirlos es vía Fiscalía General”, concluyó Robledo.