El Cronista Viernes, 3 de julio de 2015

La norma está evidentemente inspirada en la situación por la que atraviesa la Argentina, que luego de dos procesos de reestructuración de deuda, en 2005 y 2010, donde obtuvo la aceptación de 93% de los acreedores, un grupo de bonistas que no ingresó en ninguno de esos canjes obtuvo un fallo en la justicia norteamericana que obliga al país a pagarle la deuda sin quita ni cuotas. Como consecuencia de esta decisión, la Argentina entró en default o “default técnico” ya que los pagos que pretende realizar de los vencimientos de su deuda reestructurada quedan bloqueados y no llegan a manos de los tenedores.

La ley sostiene, en su artículo segundo, que “cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o crédito sobre un Estado, sus derechos respecto del Estado deudor estarán limitados al precio que pagó por la recompra de dicho préstamo o crédito”. La mención alude a    que la práctica que caracteriza a los buitres, llamados así precisamente por eso, es que adquieren los títulos a precios de remate en el mercado, en coincidencia con las declaraciones de bancarrota o de serias dificultades económicas del país emisor de esos títulos.

Por eso, la ley plantea que “independientemente de la legislación aplicable a la relación jurídica entre el acreedor y el Estado deudor, ningún título ejecutivo, así como ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa, podrán ser tomados a solicitud del acreedor para percibir el pago de la deuda en Bélgica si dicho pago le otorga una ventaja ilegítima conforme lo definido por la presente ley”.

“La búsqueda de una ventaja ilegítima se deduce de la existencia de una desproporción manifiesta entre el valor de recompra del préstamo o crédito por el acreedor y el valor nominal del préstamo o crédito o bien entre el valor de recompra del préstamo o crédito por el acreedor y los montos por los que reclama el pago”, advierte la norma.