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Natalia Cubillo Murcia - ncubillos@larepublica.com.co miércoles, 13 de enero de 2016

Las empresas con las sanciones más altas son Alsacia CDO y Bifasa CDO, con $1.288 millones cada una, seguidas de Lérida CDO, con $708,7 millones y Calamar CDO, con $ 644,3 millones.

Entre las personas naturales se encuentran los administradores Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa, Ileana Arboleda Villegas y María Cecilia Posada Grisales quienes tendrán que pagar multas entre  $64,4 millones y $96,6 millones. 

De esta sanción no se salvó el ingeniero calculista de los proyectos inmobiliarios Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa con una multa correspondiente a $128,8 millones, la más alta para las personas naturales vinculadas al caso de CDO.

El proceso de investigación preliminar se dio desde el 12 de octubre cuando se presentó el derrumbe del Space, aseguró Carolina Corcione, directora de investigaciones de Protección al Consumidor, “para determinar si las sociedades infringieron el estatuto del consumidor”. 

En particular lo referente a la norma que establece que los consumidores tienen derecho a recibir bienes de calidad que “no pongan el riesgo su vida, su salud y su integridad”, aseguró la directiva. “Se contó con un importante material probatorio como el estudio de la Universidad de los Andes y la participación de otros expertos que indicaron que en dichas edificaciones había falta de calidad, por ello se decidió imponer multas”, agregó Corcione.

“Este tipo de sanciones hacen que las normas de protección a los consumidores sean realidad y en este caso obligan a constructores a ser más responsables y cuidadosos en su actividad”, aseguró Jorge Oviedo Albán, docente de derecho privado de la Universidad Sergio Arboleda.

Ante esta decisión proceden recursos de reposición y apelación ante la Superintendencia. El caso de CDO que se ha establecido por varias aristas también cursa su proceso ante la Superintendencia de Sociedades. Respecto de la decisión y ante el congelamiento de bienes de las empresas que están en reorganización y liquidación, una fuente allegada al proceso aseguró que por la imposición de multas, la SIC entra como un acreedor más en los procesos.

El superintendente Francisco Reyes dijo la semana pasada que se está “buscando un acuerdo que permita la continuidad de las compañías y el resarcimiento de los perjuicios de los afectados, a través del mecanismo que pacten entre ellos mismos”.

Las opiniones

Jorge Oviedo Albán
Docente de derecho privado

“Este tipo de sanciones hacen que las normas de protección a los consumidores sean realidad y en este caso obligan a constructores a ser más responsables y cuidadosos en su actividad”.

Carolina Corcione
Dir. inv. de Protección al Consumidor

“En el proceso se contó con un importante material probatorio como el estudio de la Universidad de los Andes y la participación de otros expertos que indicaron que en dichas edificaciones había falta de calidad”

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