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José Gregorio Hernández miércoles, 17 de julio de 2013

“Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Estas palabras las pronunció el presidente Juan Manuel Santos justamente en momentos en que arribaba al país la señora Navy Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
El presidente sostuvo que su Gobierno estudia la posibilidad de solicitar el cierre de la actual oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, lo que a todas luces resulta equivocado e inoportuno. 
 
Las declaraciones de Santos, improvisadas como acostumbra, obedecen quizá a lo afirmado por el delegado de Naciones Unidas sobre un posible uso desmedido de la fuerza contra los campesinos del Catatumbo. Al respecto, con independencia de lo que puedan resolver la Fiscalía y nuestros tribunales en procesos que ya debieron iniciarse, lo cierto es que hay cuatro muertos, y eso no puede ser indiferente para una institución internacional que precisamente verifica en nuestro territorio cómo está actuando el Estado en la materia. 
 
Así, pues, que sobre el particular opine el delegado de Naciones Unidas no tiene nada de extraño, ni de ofensivo si se tiene en cuenta su función. Y si bien pudo ser precipitada la conclusión, resulta innegable que hablar públicamente sobre el tema de Derechos Humanos está dentro de la órbita del papel que juega la organización internacional desde su constitución en 1945. 
 
Como dijo el representante a la Cámara Iván Cepeda, cerrarle la puerta a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia es la peor idea que se le ha podido ocurrir a Santos. 
 
Colombia vive en medio de un conflicto armado en cuyo curso se han cometido y se siguen cometiendo gravísimas violaciones de los Derechos Humanos, y eso lo sabe el mundo entero. ¿Para qué pretender ocultarlo, con la vana ilusión de un país totalmente respetuoso de la dignidad humana, cuando se sabe que no es así? 
 
Como señala Cepeda acertadamente, las condiciones que provocaron la presencia de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas no han cambiado. Por el contrario -agrego-, lo mejor que puede ocurrir es que esa oficina opere y se pronuncie en estos momentos sobre la forma en que finalmente se trate el asunto de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el curso del proceso de paz que se adelanta en La Habana. 
 
Y también en torno a la implementación y el desarrollo del Acto Legislativo 2 de 2012 y la legislación estatutaria sobre el fuero militar. Al país no le debe fastidiar que los delegados de Naciones Unidas miren lo que está ocurriendo, y si el Gobierno no tiene nada que ocultar, la política no puede ser la de esconder sino, por el contrario, la de abrir las puertas de par en par, con el objeto de que todo esté a la vista de todos, en la “urna de cristal” que Santos anunció durante su campaña. 
 
La verdad es que en Colombia se han violado y se siguen violando los Derechos Humanos. Habría que preguntar al Presidente si no le parece que los falsos positivos constituyen una de las formas más execrables de vulneración de los Derechos Humanos. ¿Y qué tal el secuestro; el reclutamiento de menores; la situación en las cárceles; las muertes de indígenas? 
 
Imprudente posición la del presidente Santos, buscando ocultar el sol con un dedo. 
 
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