miércoles, 24 de octubre de 2018
Empresa minera criticó los señalamientos de la Contraloría y dijo que la ANM no tiene la facultad para cobrar
La Contraloría General informó que la empresa minera Cerro Matoso S.A. le debe al país más de $170.000 millones, por regalías. Según un informe verificado por la Agencia Nacional de Minería, la empresa no pagó por las regalías generadas entre 1998 y 2003 y entre 2007 y 2012.
Según un comunicado de prensa remitido por el ente de control fiscal, el proceso de verificación inició con la liquidación final y pago por concepto de regalías a cargo de Cerro Matoso, los cuales derivaron de la ejecución de los contratos de concesión 866 de 1963 y 1727 de 1991.
Para poder analizar completamente las obligaciones adeudadas por la empresa minera, la Contraloría tuvo que requerir a la Agencia Nacional Minera (ANM). En el informe solicitado por la entidad, pidieron claridad sobre la situación actual de las gestiones de cobro frente al valor de las regalías que la multinacional nunca le pagó al estado colombiano. De esta forma, se pudo constatar que la empresa nunca honró sus obligaciones monetarias producto de la explotación minera.
Por esto, la ANM profirió la Resolución GSC-0576 del 27 de septiembre de 2018, con lo que pretenden cobrar el dinero adeudado.
LOS CONTRASTES
Guillermo CáezCáez Muñoz Mejía Abogados
“Si el acto administrativo no se profirió dentro del plazo establecido por ley, no podría la administración cobrar estos dineros adeudados por la empresa minera. Es un defecto de los funcionarios”.
Cerro Matoso afirmó que este procedimiento es irregular porque “la Agencia no tiene elementos para soportar un cobro coactivo, ya que hasta la fecha no existe obligación exigible a la compañía, hasta que un juez así lo declare”. También aclaró que la entidad ya no tiene competencia para proferir una resolución en este sentido, constituyendo un proceso que carece de fundamento legal.
El abogado Guillermo Cáez, de Cáez Muñoz Mejía Abogados, dijo que en esta situación podría presentarse el fenómeno de la prescripción. Cáez afirmó que “si el acto administrativo no se profirió en el plazo legal, no podría la administración cobrar estos dineros. Es un defecto de los funcionarios”.
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