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Colprensa Jueves, 18 de septiembre de 2014

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) manifestó “su profunda preocupación” ante las amenazas que habrían sido dirigidas a más de 90 defensores de derechos humanos que trabajan por la paz en Colombia.

La Comisión indicó que el 8 y 9 de septiembre de 2014 coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Más de 90 defensores de derechos humanos en Colombia habrían sido amenazados de muerte a través de correos electrónicos que fueron presuntamente remitidos por la banda criminal “Águilas Negras”.

En dichas comunicaciones el grupo ilegal habría declarado como objetivo militar a dichas personas si no abandonan el país en el plazo de 15 días y, a su vez, habrían descalificado la labor de los defensores en el marco del proceso de paz acusándolos de “guerrilleros comunistas”.

Varias de las personas amenazadas cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Cidh organismo que instó “al Estado colombiano para que adopte urgentemente todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los beneficiarios de las medidas cautelares, así como de todos los defensores de derechos humanos del país”, señaló la Cidh.

Y agregó: “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatiza la necesidad de que el Estado de Colombia conduzca una investigación de oficio de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial para identificar de dónde provienen las amenazas, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, con el objeto de evitar la repetición de las mismas”.

En su pronunciamiento, la Comisión recordó “que en muchos casos de muerte de defensores, ésta fue precedida de amenazas que fueron debidamente denunciadas pero no fueron debidamente atendidas por las autoridades”.

En ese sentido, la Cidh señaló que la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de actos de hostigamiento, por lo que es menester protegerlos.

En tal sentido, la Comisión recomienda al Estado y particularmente a la Unidad Nacional de Protección a fortalecer los espacios de diálogo entre sus máximas autoridades y las organizaciones y personas amenazas.