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  • Colprensa

martes, 2 de octubre de 2012

La Procuraduría General de la Nación realizará mediante procedimiento verbal la investigación disciplinaria contra Nelson Ricardo Mariño Velandia, gobernador del Casanare, por posibles irregularidades presentadas en un convenio de asociación suscrito entre la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar de Casanare (Comfacasanare).

La diligencia se llevará a cabo el 11 de octubre de 2012, a partir de las 9:30 de la mañana, en la Procuraduría Regional del Casanare, en Yopal.

El cuestionado contrato, cuyo objeto es garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del Casanare para la ampliación y la sostenibilidad de la prestación del servicio educativo, al parecer se suscribió mediante contratación directa utilizando la figura del convenio de cooperación con el presunto propósito de eludir el proceso licitatorio.

Según el Ministerio Público, el mandatario de los casanareños habría suscrito y permitido la ejecución del citado convenio de cooperación celebrado con Comfacasanare, entidad que no tenía la capacidad real para desarrollar directamente las actividades propias del objeto convenido razón por la cual tuvo que subcontratar totalmente el objeto del convenio, perdiendo presuntamente el departamento la suma de $1.200.036.600, valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado por la Gobernación a Comfacasanare y el valor pagado por esta última al tercero contratado.

Con estas acciones se habría eludido el procedimiento selectivo de la licitación pública, “el cual tiene la característica de ser la regla general de selección de los contratistas, teniendo en cuenta la cuantía, las condiciones del contrato y las calidades propias del subcontratista, quien finalmente ejecuta las actividades del convenio”. El Ministerio Público agregó que la prueba documental allegada al proceso permite concluir que el reproche disciplinario hecho a Mariño Velandia se formula a título de culpa gravísima, por cuanto no habría cumplido con su responsabilidad de dirigir y manejar la actividad contractual del departamento.

De otro lado, la Procuraduría interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida en contra de Luis Fernando Rojas Cañón y Oscar Castilla Alarcón, en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes-DNE, quienes se allanaron a los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por las conductas punibles de falsedad ideológica en documento público en concurso heterogéneo, sucesivo con el ilícito de prevaricato por omisión y falsedad en documento público, y se solicita al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá aumentar la pena principal impuesta. El Ministerio Público argumentó en el recurso que en la sentencia condenatoria por allanamiento a cargos de los implicados, dentro de la dosificación de la pena, si bien se hace referencia a los fundamentos para la individualización de la misma, no se explican.

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