Colombia sí tendría opciones contra el fallo de La Haya

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, se reunió ayer en París con el director de la firma internacional de abogados Volterra Fietta, Robert Volterra, con el fin de analizar la posibilidad de definir una estrategia en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia frente al caso del mar de San Andrés.

En la reunión participaron el embajador de Colombia en Francia, Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra, y el abogado internacionalista Juan Daniel Jaramillo, quien será el enlace del grupo de abogados colombianos que asesoran al Gobierno con la firma británica.

La Canciller y el abogado Volterra hicieron un repaso preliminar de los aspectos fundamentales del proceso y elaboraron un proyecto de agenda para desarrollar puntos que se consideraron esenciales.

Volterra dijo que siguiendo las reglas de la CIJ, es la primera vez que Colombia puede reformular su estrategia después de mayo de 2010 cuando se hizo la última súplica ante la Corte.

Según la Cancillería, a partir de esta fecha y hasta el día de la sentencia para Colombia no fue posible introducir evidencia de ninguna naturaleza o nuevos argumentos.

El abogado Volterra expresó que “se trata de la primera oportunidad en que la administración del Presidente Juan Manuel Santos puede dar orientación estratégica a la disputa, que fue diseñada y dirigida por los anteriores gobiernos en los últimos 12 años”.

Volterra dijo que “la sentencia de la Corte Internacional de Justicia marca el final del proceso pero Colombia tiene disponibles, además de los recursos de interpretación y revisión, un conjunto de opciones que vamos a estudiar y proyectar para asegurar los derechos de los sanandresanos, la seguridad de esta área del Caribe y la permanencia de la estructura ecológica que se ha formado allí durante milenios”.

El jurista Volterra, catalogado por firmas evaluadoras especializadas como uno de los más experimentados abogados internacionalistas del mundo y de mejor récord de casos ganados, manifestó que se ha acordado un término de cuatro meses para culminar la fase de diseño de estrategia, que incluye instancias internas de análisis y consultas de naturaleza técnica.

En esta participarán los abogados colombianos Rafael Nieto Navia, Juan Daniel Jaramillo, Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, Luis Ricardo Paredes y Joaquín Polo, además de otros expertos internacionales.

La reunión de ayer estaba prevista para el lunes pasado pero cambió de fecha y de escenario, la jefa de la diplomacia colombiana y los abogados revisaron un primer informe elaborado por Volterra Fietta.

Según Holguín, en diciembre pasado al anunciar esta contratación, la firma considera que hay “muchas posibilidades con algunos recursos” y es favorable a interponer estas medidas, que pueden ser de revisión o de nueva interpretación. El fallo de la CIJ del pasado 19 de noviembre le concedió de forma definitiva e inapelable a Colombia la soberanía sobre siete cayos, que se suman a las tres islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, colombianas por una decisión de ese tribunal desde 2007.

Mientras tanto, le entregó a Nicaragua los derechos económicos sobre una extensión marítima que modificó los tradicionales límites y llevó a Colombia a perder más de 70.000 kilómetros cuadrados de aguas ricas en pesca y recursos energéticos, al tiempo que estableció un enclave en dos islotes.

Este grupo de juristas internacionales ha participado en litigios territoriales entre Malasia y Granada, Chile y Argentina, Eritrea y Yemen, además de Qatar y Bahrein.

Se espera que la estrategia colombiana quede totalmente definida en los próximos meses, mientras que el Gobierno entrega las ayudas al empleo y a la subsistencia prometidas a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, afectados por el dictamen.

La firma Volterra Fietta es líder global en el ramo del derecho internacional y su práctica incluye, además del litigio en la Corte Internacional de Justicia, actuaciones, entre muchas otras, en la Organización Mundial del Comercio, tribunales especializados de La Haya, ministerios de economía internacional de varios Estados y numerosos cuerpos de arbitraje.