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Ana María Castro A. martes, 4 de junio de 2013

Luego de que el pasado dos de mayo se realizara la presentación de la Reforma Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, ante el Concejo de Bogotá, las posturas a favor y en contra de su contenido, se han intensificado.

A pesar de que el Secretario de Planeación, Gerardo Ardila, sustentó el proyecto ante el cabildo como una reforma legal, viable y ajustada a la Ley 388 de 1997 y al Decreto 4002 del 2004 y que expuso que los temas ambientales fueron concertados con la Secretaria Distrital de Ambiente.  
 
Además hubo una participación activa de la ciudadanía  y que  la elaboración del proyecto fue técnicamente soportada en diferentes estudios técnicos y acompañada de la cartografía correspondiente, muchos gremios y funcionarios del Estado, han considerado que la aprobación de dicha modificación esta viciada de ilegalidad y que, adicionalmente, generará varios inconvenientes para el desarrollo de la capital.  
 
Desde el punto de vista normativo se ha considerado que la reforma no cumplió con las condiciones impuestas por la ley para su modificación, pues lejos de tratarse de una reforma excepcional, la misma contiene cambios sustanciales frente a los objetivos, estrategias, políticas y contenido estructural, que no pueden apoyarse en los estudios técnico-jurídicos presentados.  
 
Adicionalmente, la propuesta busca una simplificación normativa, derogando 1.466 normas urbanísticas, para generar un marco general que, en palabras del concejal Jairo Cardozo, “genera grandes vacíos normativos y un inmenso componente de subjetividad para su aplicación, lo cual podría propiciar actos de corrupción”, en cuanto a que algunos usos del suelo, pueden estar sujetos a la discrecionalidad de la Secretaría de Ambiente.  
 
También se contempla la preocupación de los empresarios, en cuanto a lo que puede pasar con los usos industriales del suelo, catalogados como de alto impacto, que se permitirán en las áreas de actividad económica intensiva y en áreas de integración, pues al contrastar los predios industriales con la cartografía que propone el proyecto, no es claro si la nueva reglamentación permitirá que éstos se mantengan en los sectores que hoy ocupan o tendrán que irse por no cumplir los requisitos adoptados por la nueva normativa. 
 
Se sostiene que uno de los temas prioritarios que se debe abordar, es el relacionado con el uso del suelo y el tratamiento urbanístico que le ha dado la actual administración a Bogotá, pues la alarmante caída de la construcción de vivienda acompañada de las prohibiciones para realizar actividades mineras en la capital, ha golpeado drásticamente el desarrollo de la ciudad, contribuyendo a un incremento en el desempleo, especialmente en el sector de la construcción, ocasionando el desplazamiento de los constructores a los municipios aledaños y ciudades intermedias, lo cual generan para la ciudad, una perdida de ingresos importante. 
 
Es de esperarse que en el desarrollo del debate, se involucren otros sectores como el minero-energético, teniendo en cuenta que dentro del proyecto se introdujeron artículos relacionados con la destinación del suelo, que posiblemente extralimiten las competencias legales dadas por la norma de ordenamiento territorial, lo cual, además, contraviene la nueva reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y Energía, en cuanto a la prohibición de restringir la actividad minera por parte de los Planes de Ordenamiento Territorial.  
 
Frente al tema, lo único cierto es que el debate, para bien o para mal, debe ser concluido antes del próximo 2 de agosto, pues ésta es la fecha límite que tiene el Concejo de la Capital para decidir la aprobación o rechazo de la Reforma. 
 
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