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Nubia González martes, 5 de febrero de 2013

La Comunidad Andina de Naciones adoptó políticas de lucha contra la minería ilegal en una clara oposición a las medidas laxas que existían dentro de los países miembros, respecto de la progresiva actividad minera ilegal, la cual ha causado graves impactos con consecuencias adversas en la región en la salud de la población, en el medio ambiente comprometiendo zonas sensibles como son las de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina, especialmente en lo que respecta a las cuencas hidrográficas compartidas, problemas que difícilmente puedan ser mitigados en un futuro próximo.

Mediante Decisión 774 del 30 de julio de 2012, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ante la Comunidad Andina de Naciones adoptaron la “Política Andina de Lucha Contra la Minería Ilegal”, se consideró que para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de la región era urgente empezar armonizar de manera gradual las políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales, para preservar de los recursos naturales y del medio ambiente, pues la minería ilegal constituye un problema de carácter multidimensional el cual es una grave amenaza para la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad de los países miembros. 
 
Es así como el gobierno nacional se encuentra obligado en reglamentar los procedimientos para realizar dicha lucha. Fue así como el Ministerio de Comercio, expidió el Decreto No. 2261 del 2 de noviembre de 2012, por medio del cual se adoptaron medidas administrativas para garantizar la prevención y control de la minería ilegal y de esta manera controlar y fiscalizar la importación, exportación, transporte, distribución y comercialización de maquinaria minera y la limitación de realizar la importación de las mercancías usadas solo en situaciones particulares.
 
Así mismo, se han incluido acciones de los ministerios como el de transporte el cual pretende fortalecer medidas para evitar la movilización de los minerales ilegalmente explotados, por su parte los ministerios de salud, minas y energía, ambiente y desarrollo sostenible y comercio, trabajan mancomunadamente en la reglamentación de los permisos para la tenencia y almacenamiento de sustancias químicas como cianuro, mercurio y arsénico, con lo cual se pretende contar con medias que de manera previa evitarían los impactos ambientales donde se desarrolla actividad minera sin el lleno de los requisitos ambientales y mineros. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional expidió el Decreto 2235 de 2012, por el cual se ordenó la destrucción de la maquinaria pesada y sus partes cuando se realice exploración y explotación de minerales sin contar con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y le otorgó a la Policía Nacional la competencia para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada. Así mismo la Dian, expidió la Resolución No. 001 de 2013,  por medio del cual se reglamentan las condiciones de otorgamiento de las licencias de importación de maquinaria utilizada en la minería.
 
De esta manera el gobierno nacional apunta hacia la ejecución de medidas que harán que de manera efectiva se pueda controlar la explotación ilegal dentro del territorio nacional y los impactos negativos en la región no se continúen presentando, pues las medidas existentes, hasta hace muy poco, hacían que se percibiera la impunidad en las ejecución de actividades ilegales que sin duda contribuyó para que la región tomara decisiones con el fin de limitarlas y precaver la necesidad que los gobiernos colaboraran en esta lucha. 
 
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