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Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co Miércoles, 24 de septiembre de 2014

En este momento en el que está en ‘boca de todos’ la Reforma a la justicia y su eficiencia, es válido decir que la entidad destinará $1,08 billones para modernizar sus estructuras.

Dentro del informe presentado encabezada por el fiscal general Eduardo Montealegre, el presupuesto total aprobado para tal motivo en el 2014 fue de $300.000 millones, siendo 28% del total para la completa reestructuración que es de $1,087 billones distribuido en tres años hasta 2016, siendo este último en el que más dinero se invertiría.

A partir del dos de abril se inició la ejecución de $188.000 millones y la Fiscalía está a la espera del resto de la apropiación para los meses que quedan para terminar el año.

Surgió de un diagnóstico en el que se evidenciaron las debilidades en materia organizacional, en infraestructura física, tecnológica y logística que impactaron los bajos resultados obtenidos tanto en el sistema mixto como en el penal acusatorio.

Como ejes principales en el desarrollo de la modernización está la creación de un nuevo modelo de investigación penal que se basa en el análisis y establecimiento de contextos que permitan generar acciones efectivas frente a la macrocriminalidad. En este se destinó $89.822 millones para nuevos cargos.

En cuanto a los cambios de nomenclatura, las variaciones que se hacen de cambios de salrios y puestos dentro de la entidad, se presupuestó 60% del total de la inversión de 2014, es decir, $180.933 millones.

El exvicefiscal Francisco José Sintura aseguró que “es una desproporción absoluta crear 124 cargos de $15 millones para solo burocracia en nivel central, direcciones, subdirecciones y embajadores esto es aberrante en la rama judicial tan necesitada de otras cosas”. Otro de los pilares es la profesionalización y especialización de la policía judicial, para tal motivo destinaron a institución universitaria $18.000 millones con lo que se fortalecería por medio de áreas especializadas e independientes que incluyan responsabilidades, perfiles, competencias y recursos para apoyar con mayor tecnificación y experticia los procesos judiciales.

Sintura dijo que “es una equivocación la creación de una Universidad de la Fiscalía porque esa no es la función de la entidad, lo que debería hacer es mandar a sus funcionarios a los centros educativos apropiados, es inoficioso, ineficiente e innecesario”. Por otra parte, Juan Manuel Charry experto en derecho constitucional expuso que “la inversión no es suficiente, la Fiscalía debe dedicarse a la investigación judicial, esa es la fórmula para bajar los índices de impunidad que están sobre 90%”.

Resultados

El Despacho del Fiscal General de la Nación profirió 45 resoluciones delegando 1.877 procesos en contra de aforados constitucionales al Despacho del Vicefiscal entre el 15 de enero de 2013 y el 13 de febrero de 2014.

Por extinción de dominio, 900 bienes pasaron por proceso, entre ellos los de la empresaria del chance Enilse López, que sumaron $944.000 millones, y los vinculados al Carrusel de la Contratación de Bogotá, que llegaron a $20.000 millones en lo cual estuvieron vinculados los hermano Nule, otro de los casos emblemáticos que tiene la Fiscalía. También, dentro de la lista está el caso Interbolsa (que terminó con la solicitud de cárcel esta semana a ocho funcionarios) , la investigación al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, a falsos testigos, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, y la vigilancia electoral.

Las Opiniones

Francisco José Sintura
Exvicefiscal

“La modernización está en darle a la policía judicial herramientas humanas, tecnológicas y de capacitación porque el éxito del sistema acusatorio descansa en su eficiencia. No tendremos investigadores eficientes si no hay presupuesto ni un salario adecuado”.

Juan Manuel Charry
Experto en derecho constitucional

“Los índices de impunidad son muy altos, la justicia no llega a los delitos ordinarios. Nunca en la historia republicana hemos encontrado una fórmula para perseguir los delitos y le hemos dado más importancia a lo jurídico que a la investigación judicial”.

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