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Andrés Emilio Vargas - anvargas@larepublica.com.co viernes, 22 de febrero de 2013

Los cambios que tendría el proyecto de Derecho de Petición, le concedería a las empresas públicas reserva legal de su información como en los planes de desarrollo y estrategias comerciales. Con esto se busca potenciar su crecimiento y darle un amparo ‘privado’.

Esta iniciativa protegerá los planes estratégicos de las empresas de servicios públicos estatales. De este modo, ya no estarán en boca de todos las prospecciones de este tipo de empresas.

El vocero de la Red de Veedurías de Servicios Públicos, Libardo Espítia, aseguró que “esta medida está mal formulada puesto que por ser empresas de servicio público deben tener un control social y de vigilancia por parte de los usuarios”. El funcionario indicó que de aprobarse un artículo así, se estaría violando el marco normativo de la ley 142 de 1994, en el cual se promueve el control ciudadano.

No obstante, esto podría llevar a una mejor competitividad comercial de las empresas, máxime porque estas se están abriendo a sistemas de economía mixta, en en el que poco a poco llegan a manos privadas. Ese es el punto por el que se podría limitar la información de estas empresas.

El Gobierno pretende impulsar el desarrollo de sus organizaciones. Actualmente, estas industrias no solo ofrecen servicios tradicionales como energía, gas y electricidad sino también han ofrecido internet y televisión por cable.

EPM es un claro ejemplo de lo que una organización totalmente estatal puede hacer. Tienen presencia en Medellín y Bogotá. Sus servicios se extendieron por fuera de su departamento y es reconocida como una de las empresas más eficientes en el mercado.

Este nuevo proyecto de ley, liderado por el senador Luis Fernando Velasco, simplificó los trámites para ejercer el Derecho de Petición. Ahora, se contempla que las personas radiquen solicitudes de manera verbal y también por medio de transferencia de datos, según se indica en el artículo 15.

Sin embargo, el jurista Julio José Orozco, manifestó que el ejercicio del Derecho de Petición, como está, no necesita ajustes.

Uno de los cambios que trae este derecho atañe a su procedimiento. Anteriormente quien no rellenara correctamente su solicitud no era atendido. Ahora quienes estén a cargo de recibir dicha solicitud deberán servir como asesores.

El parágrafo del artículo 4 señala que “la autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla”.

Para el abogado penalista Francisco Bernate “cualquier esfuerzo que simplifique el acceso a la información y satisfaga sus derechos es positivo”.

Igualmente, la ley, que ya fue aprobada por la Comisión Primera del Senado, ordena a los personeros distritales y municipales, servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a “prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizar el ejercicio fundamental del Derecho de Petición”.

Además, se podrá solicitar esta figura ante organizaciones privadas, con o sin personería jurídica. Aquí se incluyeron a las entidades del sistema bursátil, como lo contempla el artículo 20. Quienes se niegan a recibir o radicar solicitudes serán objeto de multa.

Por otra parte, este proyecto en curso ‘estabiliza’ las tarifas de reproducción de documentos pues indica que no podrán ser superiores al valor comercial de la referencia del mercado. Igualmente, otro de los puntos claves en este proyecto es que los menores de 18 años podrán ejercer el Derecho de Petición sin tener una representación de una persona mayor.

La Corte Constitucional ,a través de la sentencia C-818 de 2011, declaró inexequibles 21 artículos, desde el 13 hasta el 33, de la ley 1437 de 2011 porque se incurrió en un error de procedimiento ya que esta ley, por tratarse de un derecho fundamental, debía ser estatutaria y no ordinaria.

Una vez el alto tribunal dio su veredicto, el mismo presidente Juan Manuel Santos indicó “que se debía trabajar pronto en la elaboración de la ley para garantizar este derecho vital”.

Atención más funcional
Algo que se le ha criticado al Derecho de Petición son los plazos de respuesta. Pese a que la norma indicaba que dentro de los 15 días siguientes a la solicitud se tenía que contestar, muchas veces esto se prestaba para dilatar los procesos y evadir el derecho en sí. Esta vez se indicó que la entrega de documentos y de información tendrá un plazo de 10 días. Asimismo, como se piensa implementar la tecnología en el caso de las peticiones a través de transmisión de datos, y esto puede prestarse para controversias, se pedirá que se entreguen constancias por escrito.

De ahora en adelante las solicitudes que estén dirigidas a personas que no sean competentes para dar contestación, no serán archivadas como anteriormente se hacía. La misma entidad receptora tendrá la obligación de informar en el momento preciso al ciudadano o dentro de los 10 días siguiente del plazo de entrega. La Corte Constitucional le dio al Congreso hasta el 31 de diciembre de 2014 para que cree la nueva ley. Hasta el momento esta iniciativa está en periodo de debates y modificaciones. El texto del proyecto se encuentra en Normatividad.

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