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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co miércoles, 6 de marzo de 2013

El presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry, informó que en los trámites de la ley de insolvencia, las notarias serán las encargadas de conciliar entre los ciudadanos y los acreedores, cuyo trámite tendrá un costo entre un salario mínimo y $17 millones.

En diálogo con LR, Rojas Charry aseguró que esta es una buena forma de ‘oxigenar las finanzas’ sin crear cultura del no pago. Así mismo, enfatizó en que la implementación del papel notarial ha sido un éxito en todo el país aunque lo han atacado por medio de tutelas y demandas. Además, le hizo un llamado a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa para que tenga en cuenta la importancia del papel para las diligencias privadas y le quite la suspensión.

¿Qué es la ley de insolvencia?
Es una ley que expidió el gobierno para facilitar el cumplimiento de las deudas de las personas naturales que no son comerciantes, consiste en que la persona natural cuando no puede pagar sus obligaciones por un periodo de 60 días, se acoge a este trámite para llegar a un acuerdo con los acreedores y quitarse de encima esa carga que lo ahoga y lo saca prácticamente de la vida económica, entonces, la persona lo que hace es proponer un acuerdo de pago a los acreedores estableciendo plazos y condiciones.

¿Qué papel juega el notariado en este proceso?
Resulta que estos trámites eran engorrosos porque solamente se podía realizar ante jueces, entonces implicaban contratar al abogado, demandas y citaciones. Ahora, esta competencia la tienen los centros de conciliación que estén habilitados y los promotores de la Superintendencia de Sociedades. Este trámite se hace ante el notariado porque no se requiere la presencia de un acompañamiento y los términos y condiciones son sumamente fáciles para acceder al proceso.

¿Cuáles son esas condiciones?
Si se llega a un acuerdo previo, se puede llevar el documento y simplemente se le hace seguimiento para que se cumpla. Si no hay, el deudor acude ante el notario, plantea su caso y se citan los acreedores para proponerles la conciliación.

¿Cómo implementarán el proceso?
En este momento quienes tenemos ya la posibilidad de autorizar los trámites somos los notarios y los promotores de la Supersociedades, es decir, nosotros por ley somos conciliadores y estamos facultados para estos procesos.

¿Los notarios van a tener alguna capacitación?
Los notarios ya tenemos la capacitación de conciliadores por ley, estamos implementando la parte técnica de estos trámites, inclusive en Cundinamarca se realizó una jornada de actualización y experimentación del proceso, pero todos estamos en condiciones de prestar este servicio.

¿Qué costo tiene el trámite?
Hay unas tarifas señaladas de acuerdo al valor de la deuda inventariada, los costos empiezan desde un salario mínimo hasta un tope de $17 millones aproximadamente que es cuando ya hay cifras muy altas.

¿Ya han hecho conciliaciones?
En este momento vamos a empezar, las personas están preguntando, qué requieren, qué documentos y se les está orientando pero ya ha habido bastantes solicitudes. Se tiene que tener dos o más acreedores y que sean dos meses de incumplimiento, no sirven deudas de años.

¿Cómo van con el papel notarial?
El papel ha sido todo un éxito aunque en todos los procesos de controles resultan enemigos, los hemos tenido atacándonos fuertemente. Las tutelas y las demandas nos han incomodado pero seguimos adelante y estamos pendientes del papel notarial para las diligencias privadas. Hay algunos segmentos que sienten que se les están pisando los ‘cayos’ pero vamos a lograr curar esos visos de corrupción, falsedad y suplantación. Soy muy persistente y espero que la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa comprenda la necesidad del papel para diligencias privadas.

¿Quiénes son los opositores?
Aquellos que quieren todo que se les haga a domicilio, que tienen un negocio para diligencias domiciliarias a espaldas de las notarias y los que están en empresas criminales. La persona de bien no tiene porque incomodarse para que lo identifiquen plenamente, nos atacan por cosas absurdas como el costo del papel. Me estaban pataleando por $600, lo que no tiene sentido. Estamos avanzando, pero lastimosamente nos suspendieron el papel para diligencias privadas, estamos insistiéndole a la Ministra porque los argumentos que usaron no tienen un análisis serio.

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