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  • Colprensa

viernes, 14 de marzo de 2014

El Consejo de Estado le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue si el exjefeparamilitar Salvatore Mancuso tuvo participación en la desaparición forzada de un ganadero en 2001 y que determine si se trata de un delito de lesa humanidad lo que podría acarrear su salida de Justicia y Paz.

Esta decisión fue enviada a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que revise si hay “lugar a abrir, reabrir o continuar la investigación contra el grupo armado ilegal autodefensas unidas de Colombia, específicamente contra los miembros que como Salvatore Mancuso pudieron ordenar, dirigir o apoyar la comisión de la desaparición forzada a la que fue sometida la víctima de este caso, y que se investigue si se consumó o no un ilícito de lesa humanidad”.

El pronunciamiento del Consejo de Estado se dio al condenar a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, a pagar más de $10.000 millones a favor de los familiares de un ganadero del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar) en julio de 2001.

Según las pruebas del caso, el ganadero fue secuestrado, torturado delante de sus hijos menores, por ser tildado como colaborador de la guerrilla y desaparecido forzosamente en su propia finca por miembros las autodefensas. Así mismo, le fueron hurtadas varias cabezas de ganado que se encontraban en la finca de su propiedad.

La Sección Tercera explicó que en este caso hubo una flagrante “omisión e inactividad” de la Fuerza Pública en su deber de proteger la dignidad humana y las garantías judiciales de la víctima, pues eran evidentes los constantes actos criminales por parte de las autodefensas, que actuaron bajo las órdenes de Salvatore Mancuso contra ganaderos de la zona.

Se demostró igualmente que las autoridades tampoco iniciaron acciones necesarias para determinar quiénes fueron los responsables de los hechos, las circunstancias en que ocurrieron, ni realizaron labores de búsqueda.

En el expediente se registraron los testimonios de los altos mandos policiales y del Ejército asignados a la zona, quienes coincidieron con dificultades de tipo técnico y de personal para proceder a efectuar acciones de búsqueda, pese a que luego de la denuncia que hiciera el hermano de la víctima se desarrolló un consejo de seguridad entre las autoridades municipales.

Señala el fallo que en el caso de la Policía podían haber desplegado un operativo en zona urbana o rural para recolectar información tendiente a encontrar o conocer el paradero del ganadero.

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