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Colprensa martes, 9 de agosto de 2016

Según el alto tribunal, Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.

De la misma manera, se afirma que las pruebas recolectadas por el procurador Ordóñez se basaban en los computadores de Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes', el canciller de las Farc, muerto tras un bombardeo ejecutado por el estado colombiano en un campamento que la guerrilla de las Farc tenían en Ecuador, esto en el marco de la llamada Operación Fénix.

La sanción fue tumbada por 17 votos a favor y 6 en contra de la ponencia del magistrado William Hernández en la que pedía anular la destitución a la exparlamentaria.

En su ponencia el magistrado argumentó que la Corte Suprema de Justicia en su momento había declarado la ilegalidad de la información recolectada en los computadores incautados en el operativo donde se dio de baja al jefe guerrillero, argumento central de Hernández, y que fue tenido en cuenta por la Sala Plena del alto tribunal.

La Procuraduría destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo del ministerio Público, asesoró políticamente.

Por su parte, la exsenadora Piedad Córdoba se mostró conforme con la decisión del Consejo de Estado que tumbó una de las sanciones impuestas por la Procuraduría General, y anunció que buscará que ese mismo tribunal revoque la segunda sanción que le impide formalmente participar en política.

“Quienes nos oponemos a un régimen o a políticas públicas no somos terroristas o delincuentes, somos personas que pensamos distinto y a mí prácticamente se me sancionó seis años por un delito de opinión porque pruebas no había”, dijo Córdoba.

La exparalamentaria aseguró que ella nunca murió políticamente, dado que ha venido trabajando con diferentes movimientos políticos de oposición, para impulsar diferentes causas, entre ellas el proceso de paz con las Farc.

“Me parece que mi nombre ha sido pisoteado, el honor mío y de mi familia que ha sido arrastrado por todo el país, espero que sea puesto en el lugar donde debe estar. Simplemente soy una luchadora de la paz con justicia social, por la lucha contra toda forma de opresión y discriminación”, manifestó.

Una segunda inhabilidad

Aun la exsenadora Córdoba tiene otra sanción de destitución e inhabilidad por 14 años impuesta por el Ministerio Público por entregar 25 millones de pesos a la campaña del entonces candidato a la Cámara, Ricardo Montenegro.

Este fallo contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una aportación económica que ella hizo en 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año.

El Consejo de Estado citó a audiencia pública por este proceso, el próximo 14 de septiembre, para que se expongan los argumentos, con los que Córdoba busca tumbar su segunda inhabilidad, y así tener de nuevo la posibilidad de volver a la política.

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