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César Gonzáles Muñoz viernes, 1 de febrero de 2013

¿Qué tipo de información se debe enviar obligatoriamente por parte de las entidades vigiladas por esta Superintendencia a sus clientes y/o usuarios?

El artículo 132 de la Ley 142 de 1994, determina que el contrato de servicios públicos se rige por lo dispuesto en dicha ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil. Por su parte, el artículo 128 de la misma normativa, señala que el contrato de servicios públicos es un contrato uniforme y consensual, en virtud del cual, una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo con las estipulaciones que han sido definidas por la prestadora para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados, razón por la cual, no solamente hacen parte del contrato las estipulaciones escritas, sino también todas aquellas que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. De conformidad con lo señalado por la disposición referida, es claro que los servicios públicos son onerosos, es decir, que con la prestación de los mismos, se genera la obligación para quien los recibe, de pagar el precio correspondiente al consumo efectuado. Ahora bien, en cuanto a la facturación de las prestadoras de servicios públicos a los usuarios y su fundamento legal, esta Oficina Asesora Jurídica se pronunció a través del concepto unificado SSPD-OJU-2009-03, el cual se encuentra disponible en nuestra página la Superintendencia.
 
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