• Daniel Rojas Castañeda

lunes, 27 de abril de 2020

La investigación determinará si el actual director de la entidad, el mayor General Óscar Atehortúa, es responsable por las irregularidades

La Contraloría General de la Nación está llevando adelante una investigación sobre el hallazgo fiscal por $5.364 millones por la inadecuada planeación, uso improductivo, gestión fiscal antieconómica e ineficaz en la construcción de 51 casas fiscales para la segunda etapa del proyecto Ciudadela Policial en San Luis, Tolima.

El caso está relacionado con uno de los tantos de los cuales estaba acusado el General de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, quien era investigado por la Procuraduría por cuatro cargos: dos por las presuntas irregularidades en el proyecto de casas fiscales Cenop, de San Luis, Tolima. Otro más por presuntas faltas en el trámite que les dio acciones disciplinarias cuando estuvo frente a la Inspección General de la Policía y una última por extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su cargo actual en la dirección general de la Policía.

Sin embargo, aquella denuncia también llegó a la Contraloría, la cual envió una notificación a Atehortúa en la cual indica que las fiscales no tienen hoy un uso productivo y tampoco cumplen con su finalidad.

“De esta manera, esta Delegada, llevó a cabo, en primera medida, una revisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero a los contratos que fueron celebrados para la construcción del proyecto “Ciudadela Policial – Cenop”, la cual abarcó las etapas precontractual, contractual y poscontractual, así como, cada una las actuaciones administrativas que desde el momento de la planeación del proyecto (vigencias 2010 – 2011), ejecución de los contratos (2011-2015) hasta la fecha”, indica el comunicado enviado al Coronel de la Policía.

También se configuró este hallazgo fiscal que incluye $231 millones por la fallida interventoría técnica, administrativa y financiera que estaba a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A la fecha han transcurrido aproximadamente cuatro años en los cuales no se evidencia gestión alguna para la terminación de la obra.

Las viviendas iban a ser destinada a familiares de los comandos junglas, los cuales están encargados de las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La Procuraduría le reprochaba que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en cuanto a la ejecución del contrato para construir las casas fiscales en Tolima, había faltado a su deber de revisar la obra ejecutada y velar por la buena calidad del contrato.

Hasta el momento la Contraloría asegura que no ha definido presuntos responsables en este contrato, ya que eso se determinará luego del proceso de responsabilidad que el ente de control esta iniciando.